En los asuntos espinosos se mide la estatura de los políticos. La discusión sobre el Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral exhibe una legislatura que abre el debate y un liderazgo que apuesta por la deliberación antes que por la imposición.
En política hay una diferencia sustancial entre ejercer el poder y saber conducirlo. Lo primero puede hacerse con los votos de una mayoría; lo segundo exige inteligencia, oficio, capacidad de escuchar y, sobre todo, la voluntad de entender que ninguna institución democrática se fortalece cuando las decisiones se toman de espaldas al debate público.
En el Congreso de Hidalgo, la discusión sobre quién debe designar a la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado ha puesto a prueba esa capacidad. Se trata de un asunto técnico, jurídico y constitucional, pero, también, profundamente político, porque en el fondo plantea el análisis de cómo garantizar la autonomía de las instituciones sin debilitar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
En medio de esta controversia, el papel de Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, merece una lectura que vaya más allá de la coyuntura legislativa. Su conducción de los trabajos parlamentarios coloca sobre la mesa una cualidad que no siempre abunda en la política: la disposición a abrir la discusión sobre asuntos delicados, permitir que las diferencias se expresen y someter los argumentos al escrutinio institucional. Y eso, en tiempos en los que la tentación de imponer mayorías suele confundirse con gobernabilidad, no es un asunto menor.
La controversia tiene su origen en una propuesta para que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo asuma la facultad de nombrar y, en su caso, remover a la persona titular de su Órgano Interno de Control, atribución que actualmente corresponde al Congreso estatal.
La iniciativa constitucional plantea modificar el cuarto párrafo del artículo 26 y la fracción XV Bis del artículo 56 de la Constitución local. De manera paralela, una propuesta legislativa busca armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral para establecer un procedimiento público, verificable y sujeto a reglas claras.
La discusión no es superficial. El Órgano Interno de Control tiene responsabilidades vinculadas con la vigilancia administrativa y la prevención de irregularidades. Por ello, la manera en que se designa a su titular importa tanto como las facultades que ejerce.
Por eso, la propuesta contempla un procedimiento abierto que incluye convocatoria pública, revisión de requisitos, recepción de observaciones ciudadanas, evaluación y designación en sesión pública. También establece un periodo de tres años para la persona titular, sin ratificación ni prórroga, además de informes semestrales y anuales, con copias para la Auditoría Superior del Estado y el Congreso.
En este escenario, la capacidad de Andrés Velázquez para conducir la discusión adquiere relevancia. La presidencia de la Junta de Gobierno no consiste únicamente en administrar los tiempos legislativos, construir acuerdos entre las fuerzas políticas o encauzar las decisiones del pleno. También implica generar condiciones para que los asuntos complejos puedan discutirse sin que la diferencia se convierta automáticamente en confrontación.
La postura del presidente del Tribunal Electoral, Leodegario Hernández, en torno a la facultad del Congreso para designar a la persona titular del Órgano Interno de Control, forma parte de una discusión legítima sobre las competencias y la autonomía de los poderes públicos. Su desacuerdo no debería interpretarse, por sí mismo, como una afrenta, del mismo modo que la propuesta de reforma no tendría que asumirse automáticamente como una victoria política de una institución sobre otra.
Ahí está la diferencia entre una conducción parlamentaria madura y una que se limita a contar votos: la primera entiende que escuchar no significa ceder, dialogar no significa renunciar a las atribuciones y revisar una propuesta no equivale a reconocer una derrota.
La política de Hidalgo necesita instituciones capaces de dialogar, no solamente actores dispuestos a confrontarse. Necesita legisladores que comprendan que la legitimidad de una decisión no depende exclusivamente de los votos que la respaldan, sino también de la calidad de la discusión que la precede.
La verdadera altura política no consiste en ganar todas las discusiones ni en demostrar que una mayoría puede imponerse. Consiste en tener la capacidad de escuchar incluso cuando existen desacuerdos, sostener una postura sin descalificar al interlocutor y permitir que las decisiones públicas se construyan bajo reglas claras.
La Casa del Pueblo está llamada a ser un espacio donde las diferencias encuentren cauces institucionales y donde los asuntos más espinosos puedan abordarse sin miedo al debate.
Y si Andrés Velázquez logra que ese principio se traduzca en hechos, su principal aportación no será solamente conducir una legislatura, sino contribuir a una cultura política en la que abrir las puertas al diálogo deje de ser una excepción y se convierta en una regla.
