La Secretaría de Contraloría de Hidalgo estableció medidas de vigilancia para impedir que funcionarios utilicen dinero, vehículos, personal, instalaciones o medios de comunicación gubernamentales para promover aspiraciones políticas, buscar la reelección o realizar ataques contra adversarios rumbo al proceso electoral 2026-2027.
Mediante una circular suscrita por el titular de la dependencia, Álvaro Bardales, se instruyó a los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal a reforzar la supervisión del uso de recursos públicos, sin esperar al inicio formal de las precampañas o campañas electorales.
El documento también solicita la colaboración de las contralorías municipales y otros entes públicos, con respeto a sus atribuciones y autonomía, para prevenir posibles irregularidades administrativas relacionadas con actividades político-electorales.
Bardales señaló que el presupuesto gubernamental debe destinarse exclusivamente a las necesidades de la población y no a favorecer intereses personales o partidistas.
“El mensaje es claro: el dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, puntualizó.
Vigilarán a funcionarios que manifiesten aspiraciones políticas
La circular establece que, cuando una persona servidora pública haga pública su intención de buscar una candidatura, reelegirse o participar en un procedimiento interno de algún partido político, deberá reforzarse la vigilancia sobre los recursos bajo su responsabilidad.
La Contraloría aclaró que manifestar aspiraciones electorales no constituye por sí mismo una irregularidad, pero tampoco autoriza a utilizar el cargo o los bienes gubernamentales para obtener ventajas políticas.
Entre las conductas que deberán prevenirse se encuentran el uso de vehículos oficiales, combustible, oficinas, contratos y personal gubernamental para actividades proselitistas.
También se vigilará que las obras públicas, apoyos sociales, empleos y servicios gubernamentales no sean condicionados al respaldo de candidaturas o partidos políticos.
La disposición incluye la utilización de padrones de beneficiarios y datos personales con fines partidistas, así como el financiamiento de publicidad, videos o campañas de desprestigio mediante recursos públicos.
Estas restricciones también comprenden actividades realizadas a través de terceros o plataformas digitales cuando involucren recursos gubernamentales.
Revisarán publicaciones en redes sociales y medios de comunicación
La Secretaría de Contraloría precisó que las conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes de gobierno y publicaciones en cuentas oficiales deberán responder a una finalidad pública.
En ese sentido, los Órganos Internos de Control deberán analizar el contenido, contexto y recursos utilizados en estas actividades para identificar posibles irregularidades.
El documento reconoce que la crítica política y la rendición de cuentas son derechos protegidos, por lo que las revisiones deberán realizarse sin censura previa y con respeto a los derechos políticos de las personas servidoras públicas.
Asimismo, establece que las autoridades de control no deberán esperar necesariamente la presentación de una denuncia formal para intervenir.
Cuando existan indicios de una posible falta administrativa difundidos en medios de comunicación o redes sociales, deberán valorar la información, preservar las pruebas y documentar el seguimiento correspondiente.
En caso de identificar hechos que sean competencia de otras instancias, tendrán que canalizarlos a las autoridades facultadas para investigarlos.
Contralores también podrían enfrentar responsabilidades por omisiones
La circular advierte que los titulares de los Órganos Internos de Control podrían incurrir en responsabilidades administrativas cuando, teniendo conocimiento de posibles irregularidades y facultades para intervenir, omitan injustificadamente prevenir, investigar, denunciar o dar seguimiento a los hechos.
Sin embargo, cualquier responsabilidad deberá acreditarse de manera individual mediante los procedimientos legales correspondientes.
La dependencia aclaró que las obras públicas, programas sociales y servicios gubernamentales deberán continuar conforme a sus presupuestos y reglas de operación, sin condicionamientos políticos.
Como parte de estas acciones, la Secretaría de Contraloría brindará orientación y capacitación sobre Blindaje Electoral en el ámbito de la Contraloría Social, con el objetivo de reforzar la vigilancia preventiva durante el proceso electoral 2026-2027.
Álvaro Bardales reiteró que ninguna aspiración política debe estar por encima de la obligación de administrar los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.
