El Congreso de Hidalgo aprobó, con 21 votos a favor y cinco en contra, una reforma a la Ley de Bienes del Estado que establece una vigencia máxima de cuatro años para los contratos de comodato sobre inmuebles de dominio privado estatal, además de nuevas obligaciones de supervisión y rendición de cuentas para las organizaciones e instituciones beneficiarias.
La iniciativa, presentada por la diputada María del Rosario Guerrero Martínez, fue avalada este jueves 5 de noviembre y busca garantizar que los espacios públicos entregados en préstamo sean utilizados para los fines sociales que justificaron su otorgamiento.
La legisladora explicó que la propuesta surgió después de revisar la legislación estatal y detectar que no existía un plazo determinado para estos contratos ni obligaciones específicas para comprobar periódicamente el aprovechamiento de los inmuebles.
“No hay un tiempo determinado en el cual el gobierno preste esos bienes a quien le solicite y con un fin social”, señaló.
Guerrero Martínez consideró necesario establecer mecanismos de transparencia debido a que los edificios y espacios propiedad del Estado representan recursos públicos con un valor económico que deben ser administrados con responsabilidad.
Comodatos podrán renovarse cada cuatro años
La reforma adiciona los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción V del artículo 43, así como el artículo 43 Bis de la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo.
Con estas modificaciones, los comodatos sobre inmuebles de dominio privado del Estado tendrán una duración máxima de cuatro años, aunque podrán renovarse cuando los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los objetivos sociales para los que recibieron el espacio.
Rosario Guerrero explicó que las asociaciones, colectivos e instituciones deberán presentar proyectos que especifiquen sus objetivos, metas y actividades, de manera que posteriormente pueda comprobarse que los inmuebles fueron utilizados conforme a lo autorizado.
“Yo creo que es tiempo suficiente como para comprobar y demostrar que sí ha estado usando el espacio para lo que le fue prestado y no para otra cosa”, expresó.
La diputada aclaró que el límite de cuatro años no significa que las organizaciones deban abandonar definitivamente los inmuebles al concluir ese periodo, pues podrán continuar utilizándolos mediante renovaciones sucesivas.
Incluso, señaló que una asociación podría conservar un espacio durante 20 años o más, siempre que justifique su aprovechamiento y mantenga las actividades para las cuales le fue otorgado.
Organizaciones deberán presentar informes cada año
Además de establecer una vigencia máxima, la reforma obliga a las asociaciones e instituciones privadas que reciban inmuebles en comodato a presentar anualmente ante la Oficialía Mayor un informe de las actividades desarrolladas.
También deberán entregar un reporte sobre el estado físico de los espacios, las acciones de conservación y mantenimiento realizadas, así como su aprovechamiento.
Los contratos tendrán que precisar el fin de interés social que justifica el préstamo, la forma en que deberán presentarse los informes y las causas que podrían justificar su omisión.
La Oficialía Mayor será responsable de evaluar el cumplimiento de estas obligaciones y determinar si procede la renovación de los contratos, tomando en cuenta los resultados de las actividades, las condiciones de conservación y las necesidades de la administración pública estatal.
Guerrero Martínez ejemplificó que, si una organización recibe un inmueble para ofrecer apoyo escolar a niñas y niños, deberá demostrar mediante informes y evidencias que efectivamente desarrolla esas actividades.
En caso de comprobarse que un espacio se utiliza para fines distintos a los autorizados, o que existe una omisión injustificada en la presentación de informes, podrá proceder la rescisión del comodato conforme a la legislación aplicable.
Contratos anteriores conservarán sus condiciones
La reforma establece que los contratos celebrados antes de su entrada en vigor conservarán sus efectos bajo los términos originalmente pactados.
Sin embargo, las organizaciones que actualmente ocupan inmuebles estatales en comodato también estarán obligadas a presentar los informes sobre actividades, conservación y mantenimiento previstos en las nuevas disposiciones.
Asimismo, la Oficialía Mayor contará con un plazo de 90 días naturales para adecuar su normativa interna a las modificaciones aprobadas.
La reforma fue remitida al Poder Ejecutivo estatal para su publicación.
Reforma generó cinco votos en contra
Durante la discusión legislativa, la diputada morenista Tania Meza Escorza manifestó su desacuerdo con la iniciativa, al considerar que podría afectar a organizaciones civiles dedicadas a preservar espacios culturales y comunitarios.
Meza calificó la reforma de “ingrata” con la sociedad civil y cuestionó que la Oficialía Mayor sea responsable de evaluar inmuebles que, por su valor histórico o cultural, requieren conocimientos especializados.
También advirtió sobre posibles usos políticos de los mecanismos de supervisión y señaló que la conservación del patrimonio puede requerir inversiones y periodos superiores a cuatro años.
En contra de la reforma votaron Tania Meza Escorza y Cynthia Citlali Delgado Mendoza, de Morena; Marco Mendoza Bustamante y Johana Moncerrat Hernández Pérez, del PRI, así como Claudia Lilia Luna Islas, del PAN.
Pese a estos posicionamientos, la iniciativa de Rosario Guerrero obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
Con las modificaciones, los inmuebles estatales entregados en comodato quedarán sujetos a obligaciones de información y evaluación periódica, mientras que la continuidad de los contratos dependerá del cumplimiento de los fines sociales y las condiciones establecidas por la legislación.
