Luego del desahogo de una audiencia intermedia el 10 de septiembre de 2020, que sirve para dictar el auto de apertura a juicio, el diputado federal desaforado, Cipriano CP, acusó que no recibió una defensa indígena que conociera su contexto y además señaló a la defensa de tener nexos con el gobierno de Hidalgo.
Ante ello, el nueve de octubre del año pasado interpuso una demanda que le fue desechada al estimar su improcedencia; sin embargo, formuló una queja en el primer tribunal colegiado del 29 circuito quien el 14 de enero del presente la declaró fundada y ordenó su admisión a trámite bajo el expediente 759/2020.
No obstante, del estudio el magistrado Oscar Gregorio Herrera Perea, del juzgado segundo de distrito, volvió a desestimar los actos reclamados al decir que el acusado por un accidente en 2018 donde murió una persona sí contó con un traductor que lo escuchó, lo cual, dijo, es suficiente para abarcar el criterio de inclusividad y representación, pues no es necesario que la defensoría sepa de su origen.
Mientras que de las acusaciones de intereses en su contra las consideró injustificables ya que no presentó ni sustentó pruebas de ello, además de que Cipriano CP cuenta con defensores privados y la juez responsable señaló que dicha defensora pública únicamente coadyuvaría en aspectos que no quedaran claros sobre la lengua y cultura, pues no puede contar con dos figuras a la vez.
Asimismo, recordó lo dicho por la señalada sobre que pertenecía a una institución de buena fe y que si bien se conocen, no tiene intenciones de perjudicar pues solo realiza su labor, pero que de ser necesario podría separarse del caso para evitar mayores conflictos.
Finalmente, respecto a la toma anticipada del cargo de la defensora en cuestión, también consideró que no tiene la razón el demandante, mismo fallo dio a que no le fueron precisadas contestaciones ni datos sobre medios probatorios “pues no están relacionados con el acto reclamado”, citó el expediente 759/2020.
