En lo que fue la última sesión ordinaria de la 64 Legislatura, el pleno del Congreso local avaló por unanimidad un paquete de nueve reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo, cuyo fin único es crear mejores condiciones para la erradicación de la problemática y brindar más atención a las víctimas.
En primera instancia, deberán ser reconocidos todos los actores que participan en el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ya que fue expuesto no se hace; también, fue introducida terminología especializada en el glosario para un actuar más preciso.
En ese sentido, fue contemplado que el gobierno estatal y su área encargada implementen campañas de información, sensibilización y concientización sobre la cosificación de la mujer en la sociedad al asentar que también es un tipo de violencia silenciosa.
A la par, se asentó la participación explícita de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres como parte del ente mencionado arriba; pero lo que destaca fue la actualización de “carpeta de investigación” por “averiguación previa”, lo que abonará a dar celeridad a las pesquisas.
Asimismo, tras la expedición del estatuto en 2007 junto a la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo se previó la obligación del Legislativo de establecer la violencia familiar como una causal de divorcio, pero ahora la norma dejó de tener vigencia tras derogarse la figura jurídica de la disolución necesaria o con causa.
Que haya más y mejores refugios
En materia de refugios para víctimas de violencia, dos iniciativas coincidieron en que deben robustecerse para garantizar todos los derechos de las mujeres mediante disposiciones como instarlos a ofrecer mejores servicios pero no solo a hijos de afectadas sino también a quienes vivan con ellas en el mismo domicilio.
Para ello, fue dada la facultad al Ejecutivo estatal y municipales para que puedan apoyar en la instalación y operación de más centros en la entidad que permitan las condiciones de atender la demanda insatisfecha.
Como complemento, fue redactada una ruta de atención estandarizada en toda la geografía estatal ante la inobservancia del ordenamiento federar o estatal. “Con este mecanismo, las instituciones públicas podrán compartir información permitida por la ley con la cual pueda dar seguimiento a la violencia”.
Además, será creado un registro público de los delitos cometidos con información como lugar de ocurrencia, características socio-demográficas de víctimas y presuntos perpetradores, móviles, índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño.
Así como un protocolo especializado con perspectiva de género que coadyuve en la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, pero con injerencia también en discriminación, feminicidio o “trata” de personas.
Lo que no entró
No obstante, la primera comisión permanente de Legislación y puntos constitucionales efectuó algunos ajustes tras analizar los proyectos y con ayuda de especialistas omitió anexiones como cambiar el concepto “sistema” por “sistema estatal” ya que ello ya se define en otros numerales y además implicaría una homologación donde sea mencionada la palabra.
Asimismo, fue asentado que no se contaba con la suficiente motivación para incluir a dependencias no consideradas pues ya se establece la conformación del sistema, cambiarle atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Social o delimitar las atribuciones y competencias de los poderes Judicial y Legislativo.
Por último, en cuanto a establecer que pese a los trabajos para lograr un mayor alcance poblacional en el combate a la violencia como a mujeres originarias, ello significa un impedimento de la Cámara ya que al ser tema en materia indígena queda sujeto a una consulta popular.
Los proyectos fueron formulados desde el 25 de julio de 2019 y hasta igual mes pero del presente por Julio Manuel Valera Piedras, Mayka Ortega Eguiluz, María Luisa Pérez Perusquía, Adela Pérez Espinoza y José Luis Espinosa Silva, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además de Areli Rubí Miranda Ayala (independiente); María Corina Martínez García (Movimiento Regeneración Nacional); Miguel Ángel Peña Flores (Partido del Trabajo) y Felipe Ernesto Lara Carballo (Partido Encuentro Social Hidalgo).
