Frente a los nuevos capítulos y vertientes de la malversación pública de la Estafa Siniestra, el gobernador Julio Menchaca Salazar ha marcado las lógicas de la redistribución de la riqueza que por derecho y justicia social les corresponde a las y los hidalguenses, sin cortapisas y en el marco de la equidad hacia la ciudadanía.
Las investigaciones sobre la malversación pública se incrementan en el 4º año de gobierno y tanto la indagatoria sobre los actos de corrupción del exoficial mayor, Martiniano V.O., de la administración del exgobernador Omar Fayad, como la detención del exalcalde de Singuilucan, Marcos Miguel T.V., perfilan la convicción de llegar hasta sus últimas consecuencias contra la corrupción e impunidad.
La fiscalización como forma de control y ejercicio de probidad de instituciones y organismos de la estructura pública en la entidad ha transitado por una activa labor desde la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, que en la inserción de los escrutinios del arqueo público se ha encontrado con diferentes irregularidades en municipios y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Las irregularidades oscilan entre la impericia, desconocimiento, corrupción y malversación pública.
Desde la llegada del auditor superior, Jorge Valverde, la reestructuración de las lógicas y directrices de trabajo, bajo un nuevo plano dinámico de objetivos de la ASEH, ha permitido generar un mayor control de la estructura pública y propiciar cercanía en la fiscalización de presupuestos, cuenta pública y declaración de movimientos financieros de los entes del sector público.
Es en esta lógica, la ASEH se ha encontrado con anomalías en los municipios y en la UAEH, donde se han registrado irregularidades de impericia y desconocimiento de la ley, así como de corrupción y malversación pública.
En sus indagatorias, la ASEH ha encontrado que existe una práctica recurrente de los Cabildos a aprobar gastos y empalmes financieros bajo un desconocimiento de la ley. En esta condición, los Cabildos suelen obviar bajo el imperio de que ellos -los Cabildos- presentan en sus sesiones la potestad de hacer y deshacer con el uso de sus finanzas y operaciones públicas, cuestión que la ASEH no sólo ha detectado sino que suele incidir desde amonestaciones, multas y pasivos en los ayuntamientos y la predisposición a procesos judiciales.
El desconocimiento de la ley no exime a los municipios de su cumplimiento.
Por otra parte, en el plano de la corrupción y malversación pública los ayuntamientos suelen no declarar actividades financieras, como ha ocurrido con ingresos de sus ferias regionales, condición que se suma a los desfases en presupuestos etiquetados, que suelen ser desviados hacia fines para los cuales no estaban destinados, como contratos a modo sin licitación, así como nulidad del registros de transacciones y, en casos absurdos, en una era ampliamente virtual, de emisión de facturas apócrifas con empresas fantasma.
Uno de los recovecos con el que se ha topado la ASEH lo constituye el hecho de que, por ley, no puede auditar presupuestos de orden federal que reciben los municipios y esta es el área de vacío o péndulo de jauja que ya detectaron los municipios y donde se presentan anomalías y abusos de poder.
Desde luego que el impedimento que presenta la ASEH para intervenir en la auditoría de los recursos federales de los municipios se ha convertido en el caballo de Troya, pero está siendo discutido en diferentes estados para finiquitar esta zona de vacío legal.
En el recuento de los daños, -y en torno a las pesquisas de malversación pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo- la ASEH ha encontrado reticencias de las autoridades de la UAEH, bajo argumentos de la autonomía universitaria y bajo el hecho de que cuando el Grupo Universidad tuvo influencia de diputados en el Congreso local, modificó la ley para que la universidad no entrara en el arqueo de las instituciones públicas, cuestión que no le ha impedido a la ASEH continuar con sus indagatorias y llegar hasta sus últimas consecuencias.
En esta lógica de vacío fiscal de la UAEH, el patronato universitario juega un papel decisivo, porque al ser una asociación civil no ha podido ser auditada por la ASEH, condición que admite un llamado de atención al Congreso local y que ya perfila una reorientación de sujetos obligados.
Las multas que le ha impuesto la ASEH a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por omisiones y recovecos en torno a su autonomía -que sólo debe ser entendida en términos de aplicar la ley orgánica y sus recursos, pero no para no ser auditada-, se han multiplicado en la administración de Octavio Castillo, lo que explica la marcha en “defensa de la autonomía universitaria”, debido a que las pesquisas de la malversación y desvíos de fondos públicos se encuentran en la lupa de la ASEH sobre la máxima casa de estudios de Hidalgo.
En torno a la malversación pública en que pudo haber incurrido UAEH, las pesquisas continúan y la Auditoría Superior ha abierto un nuevo capítulo para llegar hasta sus últimas consecuencias. Estaremos atentos a las indagatorias de la ASEH sobre municipios y de UAEH.
La ASEH no habrá de permitir en las estructuras públicas ni corrupción ni impunidad en Hidalgo.
