La Cámara de Diputados da seguimiento al proceso de consulta nacional sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, informó la diputada federal por Hidalgo, Alma Lidia de la Vega Sánchez.
La legisladora explicó que este proceso deriva de la reforma al artículo 2 de la Constitución, aprobada en 2024, que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La consulta está dirigida a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano y contempla 16 mil 728 comunidades en 28 entidades del país, de acuerdo con los datos oficiales del proceso.
De la Vega señaló que durante los últimos meses se han realizado asambleas y encuentros para recoger propuestas de las comunidades antes de que la iniciativa sea presentada ante el Congreso de la Unión.
Hidalgo participa en la consulta
Hidalgo forma parte de las entidades incluidas en el proceso debido a la presencia de comunidades indígenas en distintas regiones del estado.
Dentro del calendario de la consulta se contemplaron asambleas regionales en Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y San Bartolo Tutotepec, dirigidas a comunidades nahuas, otomíes y tepehuas de diferentes regiones de la entidad.
La diputada indicó que durante agosto y septiembre han participado más de 40 mil personas y 17 mil autoridades y representantes de comunidades indígenas y afromexicanas en las distintas actividades desarrolladas en el país.
¿Qué plantea la nueva ley?
Entre los puntos contemplados en la propuesta se encuentra reglamentar la personalidad jurídica de derecho público de los pueblos y comunidades, con el propósito de que puedan ejercer sus propias formas de gobierno y organización conforme a sus sistemas normativos.
También se plantea reconocer las decisiones adoptadas mediante sus asambleas generales comunitarias y autoridades propias, así como establecer mecanismos para que puedan recibir, administrar y ejercer directamente apoyos, subsidios y recursos presupuestales federales y municipales.
Otro de los aspectos es la posibilidad de que las propias comunidades puedan ejecutar directamente obras, acciones y servicios públicos comunitarios.
El proceso de consulta es coordinado por el Gobierno federal a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
De la Vega agregó que dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se dará seguimiento a los recursos destinados a proyectos y programas dirigidos a pueblos y comunidades indígenas.
La propuesta de Ley General busca desarrollar los alcances de la reforma constitucional de 2024 y, una vez concluido el proceso de consulta, continuar con su ruta legislativa en el Congreso de la Unión.
