El ayuntamiento de Tlahuiltepa calificó de burla y falta de respeto que la Delegación de Programas para el Bienestar de Hidalgo no llegara a la cita que la misma delegación convocó para la entrega de pensiones a adultos mayores y beneficio a personas con discapacidad de ese municipio.
En ese sentido, mediante un comunicado de prensa, fue referido que el edil Said Chávez Cobos buscó a enlaces de la dependencia sin tener respuesta, aunque en tres puntos del municipio ya había mil 500 beneficiarios congregados y quienes esperaron 12 horas el arribo de personal para recibir su dinero.
Ante ello, el alcalde recordó que su administración ha brindado apoyo a Bienestar Hidalgo para la realización de pagos como facilidad de lugares bajo condiciones higiénicas o hasta alimentación, por lo que exigió una explicación de las autoridades y que cumplan a la población, “se le respete y no haya politización”, mencionó.
Sin embargo, la dependencia en la entidad reviró a lo anterior, también mediante un desplegado, que debido a otras actividades como programas sociales gubernamentales o la vacunación contra el coronavirus (Covid-19) se requiere de la participación de los llamados servidores de la nación en esas tareas.
Por lo que se aceptó que dicha distribución de capital humano han implicado retrasos respecto a operativos normales de dispersión financiera a usuarios de pensión y a personas con discapacidad, principalmente en las citas programadas en el horario vespertino y ocasiona que deba esperarse el arribo de los encargados.
Al respecto, el coordinador operativo de Bienestar en el estado, Omar Martínez Escamilla, pidió la comprensión de los beneficiarios que se han visto afectados y acotó que ya está atendiéndose la problemática de poco personal para evitar mayores contratiempos en próximas convocatorias de entrega.
Y es que de dichas actividades fue informado que desde ayer y hasta el 7 de febrero arrancó a la par de entrega de pensiones la renovación de más de 123 mil planillas de etiquetas para quienes cobran en efectivo, proceso que tiene lugar cada dos años y al involucrar recursos públicos es necesaria evidencia fotográfica.
