La diputada local, Tania Meza, propuso que el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo, en coordinación con autoridades competentes, implemente un Protocolo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Patrimonial contra personas adultas mayores.
La iniciativa plantea incorporar mecanismos institucionales de prevención, orientación, asesoría, denuncia y atención frente a este tipo de violencia, con el objetivo de salvaguardar la autonomía, patrimonio, seguridad jurídica, bienestar y el derecho de las personas mayores a vivir libres de abuso, fraude, manipulación, despojo o aprovechamiento indebido.
La legisladora señaló que este tipo de violencia puede manifestarse mediante maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, así como abuso económico o material, abandono, desatención y menoscabo grave de la dignidad.
La propuesta explica que el patrimonio de una persona incluye bienes como vivienda, propiedades, lotes, pensión, salario, herencias, joyas, muebles, vehículos, fotografías, ropa y otros objetos personales, sobre los cuales debe conservar capacidad de decisión.
Advierte que cuando se despoja, limita o decide sobre el patrimonio de una persona adulta mayor se configura una situación de violencia patrimonial. Estas acciones, expone, pueden realizarse de forma deliberada o bajo el argumento de “proteger” o “resguardar” bienes y dinero sin consentimiento de la persona afectada.
También contempla casos relacionados con firmas obligadas, modificación de testamentos bajo coacción, cuentas bancarias vaciadas sin autorización y el uso discrecional de espacios, muebles, ropa y pertenencias personales.
Además, refiere conductas como tirar, reorganizar o disponer de artículos del hogar, revisar teléfonos celulares o cuentas personales y controlar el uso del dinero o las transacciones financieras.
El documento señala que el despojo patrimonial hacia personas mayores representa una de las formas de violencia más graves y menos visibilizadas, ya que implica no solo la pérdida de bienes materiales, sino también de seguridad, autonomía y estabilidad construidas durante toda una vida.
Añade que este tipo de abuso ocurre frecuentemente dentro del entorno familiar, donde hijas, hijos o personas cercanas aprovechan la confianza y vulnerabilidad para apropiarse de viviendas, terrenos o recursos económicos.
Entre las causas más comunes identifica disputas hereditarias, intereses económicos derivados de contextos de precariedad, ausencia de testamentos claros y la normalización de que las personas mayores ya no requieren sus bienes.
La propuesta legislativa busca adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo en materia de violencia patrimonial.
El proyecto establece en el artículo 31 Ter que el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores deberá implementar el protocolo estatal para prevenir, detectar, atender y canalizar oportunamente actos de abuso económico, fraude, manipulación, despojo o cualquier conducta que afecte el patrimonio, autonomía, seguridad jurídica o bienestar de este sector de la población.
