La diputada del GLPRI, Marcia Torres González, presentó una incitativa que tiene como objetivo adicionar un apartado bis a la Ley de migrantes hidalguenses en el contexto de movilidad, mediante la cual se faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad de establecer mecanismos para prevenir la violencia en contra de las personas migrantes.
“La creciente movilidad de personas a nivel mundial demanda la adecuación de los diversos marcos normativos que den cuenta de los distintos flujos de personas que arriban, cruzan por nuestro país o parten de él por diversos motivos y en diferentes condiciones migratorias”, explicó Torres González.
México, informó la diputada priista, “se constituye como la segunda nación con mayor número de personas migrantes, solo por detrás de la India (SEGOB, 20181). Esto puede explicarse principalmente por la cercanía geográfica con los Estados Unidos, lo cual ha generado mayor tránsito de personas que se dirigen a este destino”.
Torres González detalló que “la Oficina del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas, al estimar que, aproximadamente 3.6% de la población mundial reside fuera de su país de origen”.
Esto, precisó, “ha potenciado la violación de derechos humanos por parte de las poblaciones receptoras, expresándose en la negación de derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias, torturas, falta de acceso a los procesos judiciales, vulneración de sus derechos económicos sociales y culturales”.
El incremento de distintas violaciones en contra de las personas migrantes en las fronteras ha incrementado a nivel internacional, pero suele acentuarse en mayor medida en aquellos cuya situación migratoria es irregular, cuyas privaciones para su desarrollo igualitario se potencian y son más propensos a la violencia en su contra, a la discriminación, la explotación y la marginación, explicó.
Finalmente, Torres González expuso que, para el GLPRI, “es fundamental garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, por lo cual la propuesta de reforma precisa que, en el caso de la Migración en contexto de movilidad, el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos que garanticen la prevención de la violencia en contra de las personas migrantes.
