Mediante una iniciativa de reforma, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca combatir la discriminación en la entidad, en especial la proveniente de servidores y funcionarios.
Durante la exposición de motivos ante el pleno del Congreso local, el tricolor Julio Manuel Valera Piedras refirió que el objetivo es conceptualizar dicha problemática como violencia institucional con lo que “se haría una clara diferencia con la discriminación que ejercen otros sujetos sociales”.
Además de que ello daría mayor visibilidad al tema para diseñar estrategias asertivas que ayuden en su erradicación, toda vez que compartió algunas cifras: en 2020, de las sanciones emitidas por los Organismos Protectores de los Derechos Humanos (OPDH) el 43.3 por ciento pertenecían a una institución de seguridad o vialidad en el ámbito municipal; además de otro 26.2 pero estatal.
Mientras que 9.9 puntos porcentuales estaban adheridos a un ayuntamiento, 8.2 de la extinta Procuraduría General de Justicia y 3.9 a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por tanto, fue propuesto establecer como un objeto de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo garantizar la no violencia institucional, así como el correcto actuar de servidores.
El proyecto fue turnado a la primera comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis correspondiente y de pasar, ser aprobado posteriormente en tribuna.
