Buscan castigos más severos para quien declare falsamente en Hidalgo

La pena actual es muy baja y no llama a evitar dicha conducta, pese a que en ocasiones se juega el destino de una persona.

En tribuna del Congreso local, fue presentada una iniciativa con proyecto de decreto para aumentar la pena a quien falte a la verdad dentro de un procedimiento judicial, pues fue explicado que la actual es muy baja y no llama a evitar dicha conducta.

Durante la 167 sesión ordinaria, la diputada Lisset Marcelino Tovar expresó que además con ello se destinan recursos y atención del aparato judicial, mismo que está obligado a facultarlos en tanto no se demuestre una falsedad.

Incluso agregó que lo anterior es posible ya que conducirse con mentiras amerita una pena que no guarda proporción con el daño que podría hacerse, pues en ocasiones se juega el destino de otra persona, su patrimonio o la integridad de su familia: “Es tan lacónica que fácilmente puede ser conmutada por una punibilidad más llevadera para para el propio reo”, expresó.

Por ello, propuso reformar el artículo 313 del Código Penal para ampliar los años de cárcel a quien incurra en dicho acto, con lo que se pasaría de tres meses a dos años de dos a cinco años, así como subir hasta los 500 días de multa.

Mientras que para quien efectúe acciones o presente demandas o denuncias y que contengan hechos claramente falsos ameritarán de tres a seis años de prisión y hasta 800 días multa. Con ello, “se persigue generar nuevo marco punitivo que disuada a los promoventes y abogados de incurrir malas prácticas”.

Además, se especifica que los juristas que sean autores o participes del hecho, independientemente de los delitos que incurran en artículo 333 del CP, podrán ser sancionados con la suspensión para el ejercicio de su profesión hasta por tres años; aunque si el agente se retracta incluso antes de que haya una sentencia el tiempo en prisión no excederá de un año.

Mientras que si al reo le fue fijada una sanción de más de cinco años y si el testimonio falso se le logra reconocer tendrá la posibilidad de acceder a una fuerza probatoria.

La propuesta fue turnada a la primera comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y posterior aprobación.


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