Pide PRI no castigar a personal médico que ayude a morir a pacientes terminales en Hidalgo

La bancada tricolor en el Congreso local propone que tampoco sean punibles los actos suscritos y realizados por la persona enferma o sus representantes.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para que las medidas tomadas por personal de salud facultado, a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo, que avala la decisión de los enfermos terminales de no recibir tratamiento médico, no constituyan un delito en cuanto a la instigación o ayuda a la muerte y que tampoco sean punibles los actos suscritos y realizados por el solicitante o su representante conforme a las formalidades y requisitos del documento de petición de la legislación mencionada.

Tras presentar la iniciativa, elaborada por los priistas María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz, Adela Pérez Espinoza, Julio Manuel Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva, se recordó que la entrada en vigor de la Ley de Voluntad Anticipada, en 2011, trajo modificaciones que no han sido consideradas en el Código Penal de Hidalgo.

Esta propuesta, explicaron, no implica que el observador deje de lado el examen de puntos extremos que necesitan una reconsideración y modificación, como es el caso de la adición al artículo 153 bis, “en el entendido de que por esa razón es menester deslindar responsabilidades en este caso en concreto, así como precisar y regular por parte de la Secretaría de Salud de Hidalgo cuando no exista responsabilidad o constituya un ilícito”.

Y es que el Estado debe proteger la vida y esto tiene que ser compatible con el respeto a la dignidad humana de personas en fase terminal que experimentan sufrimiento,  por lo cual debe cederse frente al consentimiento informado, ya que “condenar a una persona a prolongar su tiempo cuando no lo desea, equivale a un trato inhumano y se anula su dignidad y autonomía”.

La propuesta que adiciona el artículo 153 bis al Código Penal de Hidalgo fue turnada a la primera comisión permanente de seguridad ciudadana y justicia para su análisis.


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