Las personas que hayan sido sentenciadas por hechos de corrupción que ameriten inhabilitación para ocupar cargos públicos no podrían ser postuladas a puestos de elección popular en Hidalgo, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada local, Diana Rangel Zúñiga.
La legisladora propuso ante el Congreso del estado reformar el artículo 24 de la Constitución Política de Hidalgo, con la finalidad de ampliar los requisitos de elegibilidad para quienes pretendan competir por un cargo público mediante el voto.
La modificación también contempla impedir la postulación de quienes hayan sido sentenciados por delitos dolosos que ameriten pena privativa de libertad.
IEEH verificaría cumplimiento
De acuerdo con el proyecto, correspondería al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) verificar que las personas que busquen una candidatura cumplan con este nuevo requisito, de la misma forma en que actualmente revisa otras causales de impedimento contempladas en el artículo 24 constitucional.
Actualmente, la Constitución estatal impide ser postuladas a personas que se encuentren cumpliendo una sentencia ejecutoriada por delitos de violencia sexual, violencia familiar o violencia política contra las mujeres en razón de género.
También establece restricciones para deudores alimentarios morosos que no acrediten estar al corriente con sus obligaciones.
La iniciativa propone incorporar a este marco los delitos dolosos que ameriten prisión y los hechos de corrupción que impliquen inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Plantean reforzar requisitos para candidaturas
En la exposición de motivos, Rangel Zúñiga argumentó que ocupar un cargo de representación popular no debe entenderse únicamente como el resultado de una competencia electoral, sino como una función que requiere confianza ciudadana, conducta ética y respeto al interés público.
La legisladora sostiene que la modificación no representaría una restricción arbitraria de los derechos político-electorales, sino una medida encaminada a establecer la idoneidad de quienes aspiren a ocupar espacios de representación y toma de decisiones públicas.
El documento señala además que la corrupción puede generar consecuencias en distintos ámbitos, al afectar la confianza ciudadana, la legitimidad de las instituciones y el funcionamiento del Estado.
El proyecto plantea específicamente modificar el tercer párrafo de la fracción I del artículo 24 de la Constitución de Hidalgo para incorporar las nuevas restricciones.
La propuesta deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda ser sometida a votación y, en su caso, entrar en vigor.
