La Comisión de Gobernación del Congreso de Hidalgo aprobó otorgar 20 días hábiles más para determinar la posible destitución del alcalde de Calnalí, Isaid Acosta Téllez, quien fue vinculado a proceso por una juez de control por el delito de negociaciones indebidas agravadas por un monto de 52 millones de pesos.
Ante el vencimiento de primer plazo de 30 días otorgado al órgano para destituir al alcalde, y tras demoras burocráticas de la propia comisión, durante la sesión del parlamento local de este jueves se dio lectura a la determinación y que posterga el dictamen hasta junio.
Se justificó que “la Comisión de Gobernación solicitó a la jueza de control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca un informe sobre la situación jurídica en la que se encuentra Isaid Acosta Téllez, alcalde de Calnali, a efecto de tener certeza sobre la vinculación a proceso y se dé cumplimiento a la medida interpuesta” que sería la destitución del cargo.
Se detalló que se otorgaron 20 días hábiles más; es decir, casi un mes para tener un dictamen, tiempo en el que el alcalde podría terminar de pagar el monto impuesto, que fue de 2 millones de pesos en plazos, por cometer acciones indebidas durante su gestión como secretario municipal de Obras Públicas en esa demarcación.
Isaid Acosta fue vinculado a proceso el 11 de enero de 2023, según el expediente 1109/2023, por el delito de negociaciones indebidas agravadas por un monto de 52 millones de pesos, pero el Poder Judicial notificó al Congreso local a principios de marzo, dos meses después. Sin embargo, fue hasta abril pasado que llegó a la Comisión de Gobernación, que preside el aliancista José Noé Hernández Bravo, quien es diputado local del Distrito 03 con cabecera en San Felipe Orizatlán.
Hasta el momento ningún diputado de Morena se ha pronunciado en contra de la condición que vive el alcalde tras ser vinculado a proceso y aceptar la responsabilidad, pues decidió apegarse a la medida alterna de resarcimiento del daño, por lo que cuando se cumpla el próximo plazo de 20 días más (junio), ya habría concluido con los pagos pactados de sólo dos millones de pesos.
Los denunciantes de estas acciones indebidas fueron los y las integrantes del Consejo de Colaboración Ciudadana de Calnali, quienes han demandado justicia por el actual del edil emanado del extinto Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), pero tanto el Congreso como la Contraloría no lo han sancionado conforme a ley.
