Hugo Armando Vázquez Reséndiz, director general jurídico de Pachuca, sostuvo nuevamente que la empresa concesionaria de los parquímetros ComuniPark sí actuó con dolo al acudir ante una instancia para suspender los procesos administrativos que le fueron iniciados y que le implicaban su retirada de la capital estatal.
Lo anterior, precisó en entrevista para Effetá, pues nunca efectuó las aclaraciones que le hizo el ayuntamiento ante irregularidades que detectaron mediante una revisión contractual para la cual estaban facultados, como no contar con póliza de cancelación, pese a que expresó le dieron siempre el derecho de réplica.
“Ahora no puede venir a decir que somos los malos o que le iniciamos un procedimiento abusivo”, agregó, al confirmar que ya hicieron las contestaciones correspondientes a las demandas que recientemente interpuso la firma ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.
En ese sentido, explicó que lo que hace ComuniPark es que la instancia revise si la sentencia del comité de concesiones y permisos fue conforme a derecho; pero añadió que en cambio debería revisar que jamás pudo acreditar ni compareció ante los llamados públicos, “pensó que le íbamos a dar más chance o que podía hacer alguna acción en contra del municipio”.
Además, respecto a una carta que publicó en sus redes sociales sobre que sí había mostrado todas las pruebas necesarias para los procedimientos, el director general jurídico aseveró que ello era su obligación, pero compartió que la quejosa solo las exhibió pero sin hacer un pormenorizado de cómo fueron los hechos de lo que se duele o la sanción que versa.
Le responde a empresa: sí demanda por demandar
Luego de que la firma agregara en el mismo desplegado que “no demandamos por demandar”, Vázquez Reséndiz respondió a lo dicho y dijo que eso debería verlo con otra mirada, pues recordó que ha ingresado hasta seis querellas en diferentes instancias y tiempos, pero de las cuales todas les han fallado.
“Primero ingresó dos amparos que le desecharon; luego fingió, y lo tenemos acreditado, que dos empleados se hicieran pasar como ciudadanos para interponer también amparos contra el procedimiento pero también no procedieron; finalmente puso otros dos juicios de nulidad y le fueron desechados.”
Lo anterior lo atribuyó a una mala defensa y asesoría, así como desconocimiento de las leyes y su marco legal aplicable, pero “sobretodo querer rebasar la legalidad, tener una concesión no era un patinete de Corso para que hiciera lo que quisiera, estaba cometiendo abuso y se demostró porque en 2019 la Profeco le suspendió sus parquímetros. Todo se sumó y se hizo una bola de nieve; el municipio no lo va a permitir ni consentir”.
Resolución final tardaría hasta medio año
Finalmente, explicó que del recurso de reclamación que interpusieron aún está pendiente de resolverse, mientras que en otro la Tesorería local ya promovió que fuera archivado el juicio de nulidad por los 4 millones de pesos transferidos erróneamente; pero acotó que en cambio pidieron a la síndica jurídica, Liliana Mera Curiel, que desarrollara el asunto por la vía jurisdiccional y no administrativa.
Por lo que explicó que el fondo ya acabó en lo municipal y ahora estarán a la espera de las sentencias que emita el tribunal de justicia, donde manifestó que el jueves contestaron una demanda y aportaron las pruebas para que se verifique que la resolución fue conforme a derecho y se le dieron todas las oportunidades.
Además, dijo saber que habrá una unificación de expedientes para una resolución única, en la que estimó todo podría desahogarse en medio año, pues aún quedan etapas como la posibilidad de que la quejosa amplíe su querella y luego ya segura la ausencia de pruebas.
De lo anterior, al cuestionarle sobre los posibles escenarios, el funcionario capitalino consideró que independientemente de que le asista o no la razón a cualquiera de las partes, aún quedaría un juicio de amparo directo, que sería ya la última instancia y el fallo ya sería el definitivo.
Pero recordó que antes queda verificar qué resuelve el tribunal de justicia administrativa, donde externó hay optimismo de que les será dada la verdad y se va a actuar con imparcialidad: “No creo que los juzgados consientan que se opere en la ilegalidad y contra el municipio y la ciudadanía”, citó.
“No se trata de perjudicar, solo es exigir que no haya corrupción, se trate conforme a derecho y se respeten los términos del contrato; estaremos atentos de lo que vaya resolviéndose. La empresa no tiene nada que alegar, sabe que estuvo operando en la opacidad.”
