El alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, se dijo tranquilo respecto al proceso judicial que enfrenta después de que Matilde Espinosa Bustamante, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio (SUTSMMR), lo denunciara por el delito de lesiones y amenazas.
Tras la audiencia celebrada este martes por la mañana y que atendió vía zoom, ya que quería estar presente en el informe del gobernador Julio Menchaca, el edil mineralrreformense expresó que espera que este proceso se resuelva en los próximos días ya que esta denuncia no tiene razón de ser.
Afirmó que los sindicatos no deben ser un lastre para los gobiernos, por lo que no permitirá que los líderes continúen con los abusos hacia los trabajadores de su municipio y adelantó que una vez que este proceso (legal) termine, él dará a conocer todas las irregularidades que existen al interior de la organización gremial.
Félix Soto indicó que la denunciante ya ha ido a instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de la Contraloría estatal, en donde se ha dado revés, toda vez que no hay pruebas que sustenten los señalamientos. Es importante recordar que la líder sindical aseguró en un inicio que el alcalde la había empujado y en esta última audiencia, según lo comentado por Israel Félix, añadió que la había empujado, golpeado y además amenazado de meterla a la cárcel.
Con respecto al supuesto despido injustificado de trabajadores de base comentó: «hay trabajadores que dicen ser sindicalizados, pero yo no los puedo reconocer, toda vez que no hay una resolución por parte del Tribunal laboral”; y añadió que ningún despido ha sido injustificado, únicamente la gente que no trabaja y que trata mal a los ciudadanos de Mineral de la Reforma, simplemente se debe ir.
Finalmente, consideró que con los elementos que tiene el juez y tras los resultados arrojados por parte de la Policía Investigadora es suficiente para que se tome una resolución, y afirmó «el que nada debe, nada teme».
Cabe hacer mención que esta audiencia obedeció a que la presunta víctima apeló el no ejercicio de acción penal, por lo que se informó al juez que la afectada no había acreditado el delito con los datos de prueba del Ministerio Público, en consecuencia, se dio un plazo de 10 días para emitir un fallo.
