El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador exhibió, durante la conferencia de prensa mañanera de este martes, el caso de ocho jueces del país cuyas resoluciones favorecen a presuntos delincuentes.
Entre las acusaciones se encuentran las señaladas contra la jueza de Control en Hidalgo, Soyla Rosa Cárdenas Bahena, quien ha emitido 43 resoluciones “contrarias a la justicia”, de acuerdo con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio.
El funcionario señaló que en las determinaciones de los casos que se le turnan, en lugar de fundar y motivar legalmente, descalifica la labor de los policías y argumenta que estos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas.
Y añadió que, en uno de los casos, indebidamente calificó de ilegal la detención de una persona que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISSSTE.
De las 43 resoluciones contrarias a la justicia en las que se relaciona a Cárdenas Bahena se encuentran 21 en las que calificó de ilegal la detención, 17 no vinculaciones a proceso y 5 sentencias absolutorias.
Por lo anterior, dijo, cuenta ya con una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Otros jueces que fueron exhibidos por emitir “resoluciones contrarias a la justicia” fueron:
– Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito de Tamaulipas,
– José Jesús Rodríguez Hernández, juez de Control de Guanajuato,
– Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, jueza de Control en Aguascalientes,
– Milton Moctezuma Vega, juez de Control en Puebla,
– Gustavo Stivalet Sedas, juez de Control en Veracruz,
– Carlos Alejandro Lima Carvajal, magistrado adscrito a la 9º Sala Especializada en Materia Penal Oral del Poder Judicial de Quintana Roo,
– Andrés Rossell Martínez, secretario encargado de Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Veracruz.
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