Congreso de Hidalgo avala limitar doble nacionalidad para aspirantes a Presidencia y gubernaturas

La minuta reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

Entre referencias a Chavela Vargas, golpes de Estado en América Latina, Donald Trump y señalamientos cruzados sobre presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado, el Congreso de Hidalgo avaló la minuta federal que establece requisitos de nacionalidad única para aspirar a la Presidencia de México, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma fue aprobada en el Legislativo hidalguense con 21 votos a favor y cinco en contra, estos últimos de representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

La minuta había sido aprobada un día antes por el Senado con 86 votos a favor y 42 en contra y enviada a los congresos estatales como parte del procedimiento para una reforma constitucional.

La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, si cuentan con una adicional, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Más de hora y media de confrontación

La discusión en Hidalgo se prolongó por más de una hora y media y estuvo marcada por diferencias entre Morena y sus aliados, que argumentaron razones de soberanía y lealtad institucional, y legisladores de oposición, quienes cuestionaron posibles afectaciones a mexicanos con doble nacionalidad.

Durante el debate, el diputado Miguel Moreno Zamora mostró una fotografía del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, junto a una bandera de Estados Unidos.

La priista Johana Moncerrat Hernández Pérez sostuvo que la reforma implica tratar a mexicanos migrantes como ciudadanos de segunda, mientras que Karla Perales, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el tema sea considerado prioritario frente a problemas como la inseguridad y el rezago educativo.

Por su parte, el emecista Carlos Alejandro Alcántara Carbajal llevó la discusión hacia los señalamientos contra personajes políticos por presuntos vínculos con el crimen organizado y enriquecimiento desde cargos públicos.

Morena y aliados defienden la reforma

En defensa de la iniciativa, la diputada Rosario Guerrero sostuvo que quienes pretendan gobernar México deben mantener su compromiso con el país.

El diputado de Nueva Alianza, José María Alejandro Pérez Ramírez, defendió que quienes tomen decisiones desde los principales cargos ejecutivos no tengan vínculos jurídicos con otro Estado que puedan entrar en conflicto con sus responsabilidades en México.

La diputada Diana Rangel Zúñiga argumentó que la reforma busca cerrar espacios a posibles injerencias extranjeras y recordó antecedentes de intervenciones y golpes de Estado registrados en distintos países de América Latina.

En otra de las intervenciones, el diputado José Luis Rodríguez Higareda recurrió a la conocida frase atribuida a Chavela Vargas sobre que los mexicanos nacen “donde les da la gana”.

PAN cuestiona afectación a mexicanos con doble nacionalidad

La panista Claudia Lilia Luna Islas sostuvo que la reforma tiene implicaciones para millones de mexicanos que cuentan con otra nacionalidad y rechazó que esa condición disminuya su vínculo con México.

“Si ustedes no los quieren ver como mexicanos es un problema, pero sí son mexicanos”, expresó.

Su intervención provocó un intercambio con la diputada de Nueva Alianza, Mónica Reyes Martínez, quien cuestionó si su postura implicaba respaldar una posible injerencia extranjera.

La reforma no elimina de manera general la doble nacionalidad para los mexicanos; establece el requisito de nacionalidad mexicana exclusiva para quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue remitida a los congresos estatales para continuar con el procedimiento previsto para modificar la Constitución federal.