Crearán registro de agresores sexuales en Hidalgo

“Este registro permitirá visibilizar, sancionar y evitar la repetición de la violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres”.

De los 18 feminicidios ocurridos en 2022, 17 ya se judicializaron, informó Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, durante conferencia de prensa ofrecida hace unos minutos.

 

El funcionario reconoció que Hidalgo es el quinto estado con mayor incidencia de violación sexual (simple y equiparada) con mil 052 carpetas de investigación en el último año. Mientras que son 6 mil 900 las denuncias por violencia familiar anualmente, lo que refiere la gravedad de esta problemática en la entidad.

 

De acuerdo con el encargado de la Procuraduría, el 71% de las hidalguenses ha enfrentado algún tipo de violencia, y según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 del INEGI, el 90% ocurrió en entornos familiares.

 

“Por eso creemos que este registro permitirá visibilizar, sancionar y evitar la repetición de la violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres”, destacó en la sede del Congreso de Hidalgo ante periodistas.

 

Vanessa Escalante Arroyo, diputada local, informó que se presenta de manera conjunta la iniciativa de ley para integrar el Registro de Personas Agresoras Sexuales y Violentadoras de Género, como una medida coercitiva que no requerirá de presupuesto adicional.

 

La iniciativa considera modificaciones al Código Penal del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, la Ley Electoral del Estado de Hidalgo y la Ley para Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otras.

 

El Registro de Personas Agresoras Sexuales y Violentadoras de Género estatal no será público porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es fundamental la presunción de inocencia y en la base de datos se integrarán desde las personas con órdenes de aprehensión, expedientes y sentencias, así como de personas con incumplimiento de obligaciones alimentarias.

 

La información será compartida con las autoridades electorales para que no se les permita el registro si alguna de estas personas busca una candidatura a cargo de elección popular.