Decenas de conflictos laborales y quejas electorales asedian a la alcaldesa de Apan

La presidenta municipal de Apan, Zorayda Robles Barrera, acumula denuncias ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el Tribunal de Arbitraje por presuntas vulneraciones a derechos político-electorales, violencia política de género y conflictos laborales.

La presidenta municipal de Apan, Zorayda Robles Barrera, acumula quejas e inconformidades por presuntas violaciones a los derechos político-electorales de integrantes del Cabildo, posibles conductas constitutivas de violencia política en razón de género, así como por conflictos laborales aún sin resolver.

De acuerdo con solicitudes de información dirigidas al Poder Ejecutivo para conocer las denuncias y resoluciones laborales contra la alcaldía de Apan, se detalló que existen al menos 22 demandas en instrucción por diversas causas que aún no cuentan con laudo definitivo.

El Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo reportó 218 expedientes contra el ayuntamiento desde 2020 hasta 2025, relacionados con exigencias de diferentes prestaciones: horas extras, aguinaldos, indemnizaciones, reinstalaciones, vacaciones, primas dominicales, salarios caídos, quinquenios y otros derechos laborales.

Del total, 27 expedientes corresponden a 2020, 82 a 2021, 6 a 2022, 20 a 2023, 4 a 2024 y 79 al ejercicio 2025.

Por otra parte, diversos regidores han acudido en distintas ocasiones al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para denunciar a la alcaldesa emanada de Morena.

A inicios de 2025, dentro del expediente TEEH-JDC-008-2025, señalaron la ilegal e inconstitucional convocatoria a sesión de Cabildo del 30 de diciembre de 2024, así como los acuerdos aprobados en los puntos 3 al 7 del orden del día. Una de las asambleístas también denunció presunta violencia política por razón de género.

El TEEH resolvió que los asuntos relacionados con la organización interna del ayuntamiento no constituyen materia electoral, aunque declaró fundados pero inoperantes los agravios por falta de notificación y omisión de información sobre los temas tratados en la sesión.

Respecto a la presunta violencia política, el tribunal consideró inexistentes las conductas denunciadas, al no acreditarse elementos de violencia patrimonial, económica o basada en estereotipos de género.

Posteriormente, las asambleístas María Gloria Hernández Madrid y Lizbeth Estephanie de Santiago Méndez presentaron el expediente TEEH-JDC-021-2025, acusando a la alcaldesa de no proporcionar información ni notificar adecuadamente, así como de omitir la presentación del presupuesto 2025 ante la Comisión de Hacienda. También denunciaron presunta violencia política de género por invisibilización y obstaculización de funciones.

El pleno del tribunal dividió el caso: las acusaciones por violencia política se analizarán mediante un procedimiento especial sancionador, mientras que el resto de los señalamientos fueron desechados por presentarse fuera de los plazos legales.

En el asunto TEEH-JDC-033-2025, las regidoras Ana Inés Álvarez Monter, Gloria Hernández y Lizbeth de Santiago controvirtieron diversos acuerdos aprobados por el Cabildo. Sin embargo, tras la declinación de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, el TEEH determinó desechar el caso por preclusión del derecho de impugnar en dos de las actoras, mientras que la tercera presentó su queja de forma extemporánea.

Actualmente, Zorayda Robles enfrenta dos procedimientos especiales sancionadores por presunta violencia política de género contra funcionarias municipales (TEEH-PES-003/2025 y TEEH-PES-006/2025), los cuales aún están en análisis.

Además, continúa abierto el juicio ciudadano TEEH-JDC-078-2025, promovido por la convocatoria presuntamente ilegal a la trigésima novena sesión extraordinaria del ayuntamiento, celebrada el 22 de septiembre de 2025.