En un comunicado, la empresa Corredor Téllez Hospitales S.A. de C.V., denunció este miércoles una serie de irregularidades presuntamente cometidas desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Hidalgo que culminaron en el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
El grupo, conformado por 171 socios, relata cómo, pese a las dificultades a lo largo de varios años por la creación del sistema Tuzobús, en 2014, desde septiembre de 2022 logró ofrecer un servicio de calidad con modernas unidades Mercedes Benz en las que invirtió más de 125 millones de pesos.
Sin embargo, un mes después de iniciar operaciones, enfrentaron problemas cuando unidades del transporte federal les arrebataron ilegalmente usuarios autorizados en su ruta. A pesar de informar a las autoridades, la respuesta fue nula, y el 28 de febrero de 2023, el banco embargó sus vehículos al no poder costear los gastos.
En la denuncia, los transportistas acusan que la Secretaría de Movilidad y Transporte permitió la entrada de unidades usadas y en mal estado, utilizando la imagen cromática del Tuzobús, horas antes del embargo.
La situación se complica aún más al conocer que, “de forma ilícita”, la Secretaría supuestamente entregó otra concesión a la empresa Lusa, propiedad de Javier Ancona Luna, quien previamente afectó las rutas del Corredor Téllez Hospitales. Esta acción se realizó sin previo aviso ni revocación oficial de la concesión, configurando un posible conflicto de intereses.
Ante estos hechos, los socios decidieron, por unanimidad, presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la cual fue recibida con el número único de caso 12-2023-18917. Aseguran que esta situación va más allá de lo administrativo, involucrando corrupción y abuso de autoridad.
La empresa hace un llamado a la opinión pública para estar informada de su lucha por la justicia, destacando que todos los documentos que respaldan su denuncia son públicos y están en la plataforma oficial de transparencia del Gobierno del Estado. Además, han notificado a diversas instancias gubernamentales y confían en una respuesta contundente por parte de las instituciones.
