Los desafíos que la corrupción ha significado para el Poder Judicial y la estructura legal del aparato de Estado en Hidalgo exigen un diagnóstico sobre el detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía y su correlación con el poder absoluto de los cabildos, el cual ha revelado el abuso de autoridad que se genera en un contubernio del que pocos se salvan, ya sea por la instauración de negocios privados al amparo de la cuenta pública, malversación de recursos e inclusive plataformas políticas volátiles como el GPI y las mariposas migrantes.
La detención y reclusión de Eleazar García Sánchez, exalcalde de Pachuca, y el reciente destape de la auditoría privada que se le realiza al actual presidente municipal, Sergio Baños, dejan ver el debilitamiento del poder las estructuras municipalistas en Hidalgo.
A contracorriente, y como parte de la contienda electoral del 2 de junio, el aguerrido proceso de los actores políticos por hacerse de las nominaciones a las alcaldías incita a dos reflexiones: o existe un compromiso social de las y los aspirantes para rescatar a los ayuntamientos de la crisis de corrupción e inoperatividad pública, o el festín que representa el abuso de poder en beneficio propio es el hilo de la madeja a enhebrar.
A Francisco Fernández Hasbun, el escudero del gobernador Menchaca Salazar, le sobrará el trabajo de visoria después de los estragos que ha causado la corrupción en las alcaldías de Hidalgo, pues los costos directos los padece la población en diversos temas: el desabasto de agua potable, un deficiente servicio en materia de recolección de residuos, la delincuencia organizada y la inseguridad en general, sólo por mencionar algunos.
La corrupción en los ayuntamientos de Hidalgo es directamente proporcional al deterioro del patrimonio público y las pocas oportunidades sociales, pero parece que las autoridades que deben actuar no se lo toman en serio ni con la autocrítica necesaria.
Y es que la corrupción municipal también mantiene correlación con la descomposición social. El municipio es la célula pública de máxima proximidad social, más que el gobierno estatal y desde luego el federal. Un ayuntamiento revela la microfísica del poder público, porque está direccionado para que la ciudadanía encuentre respuestas de cercanía pública, pero esto es letra muerta en Hidalgo.
En la lógica del que pega, paga, ser alcalde en Hidalgo y vivir del peculado se han vuelto sinónimos en el imaginario colectivo, por eso, si a un presidente municipal se le prueba que incurrió en malversación de recursos, abuso de autoridad y negocios particulares en detrimento del erario del municipio, simplemente paga, no va a prisión y ni siquiera recibe una sanción moral del Estado.
Los desafíos que impone la corrupción municipal a la estructura de Estado deben estar en la agenda de las rutas de la transformación del gobernador Menchaca Salazar, de lo contrario, seguirá el primitivismo político del cabildo.
