En poco más de un mes y una semana desde la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE), organizaciones feministas en Hidalgo han dado acompañamiento a 87 casos de aborto en instituciones clínicas públicas y privadas, donde destacó que en un hecho la interesada manifestó poca atención de un nosocomio.
Lo anterior lo precisaron por separado las directivas de Equidad de Género AC y Di RAMONA, Adriana Patlán y Daniela Téllez, respectivamente, siendo la primera quien manifestó que del seguimiento que brindaron cinco mujeres prefirieron usar medicamentos como Misoprostol.
Adicionalmente, anexó que en los 16 hospitales de la red estatal recibieron 25 casos, incluso con personas de otros estados como Veracruz y Guanajuato: “Ya no deben viajar a la CDMX para tener acceso”.
Por su parte, que la titular de Di RAMONA explicó que su corte -efectuado el jueves- les arrojó 77 guías a interesadas en interrumpir su gestación desde el mismo periodo, de las cuales cuatro preguntaron cómo acceder a la ILE pero desde los servicios públicos y finalmente solo una sí opto por ese esquema.
Sin embrago, la activista explicó que tal caso volvió posteriormente para solicitar más seguimiento y acompañamiento, pues les explicó que en el hospital al que acudió fueron poco explicativos respecto a lo que sentiría, a cómo detectar diversas señales de alarma y qué cuidados requeriría tras someterse a un aborto.
Cerró PGJEH 153 carpetas por aborto
Por otra parte, la directiva de Equidad de Género AC añadió que desde la entrada en vigencia de la ILE han sostenido reuniones con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para cerrar las carpetas que pudieran estar abiertas por aborto en la anterior clasificación como delito.
Aunque explicó que antes de la legislación ya hacían dichas acciones bajo la herramienta del criterio de oportunidad, es decir, no ejercer acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo, misma con la cual fueron sellados 150 expedientes.
Sin embargo, contrastó que solo quedan 10 abiertos pero responden a quienes provocaron el aborto y no las mujeres; aunque también añadió que deben revisarse los años 2020 y 2021 pues el Ministerio Público (MP) pudo abrir otros. “Desde el 7 de julio ya no se pueden abrir carpetas”, sentenció.
