Una vez publicadas las reformas a la Ley de Salud referentes a la interrupción legal del embarazo (ILE), Hidalgo se ha convertido en la tercera entidad mexicana en reivindicar un derecho fundamental para las mujeres. Por ello, el estado ha recibido atención positiva de casi toda la opinión pública nacional y algunos grupos en América Latina.
El reto que supone hacer efectiva una ley es lo que hoy ponemos bajo la lupa, pues cuando las reformas escalan a las prácticas de una sociedad, las debilidades del sistema se hacen más evidentes. El hecho de que un sistema de salud tenga la capacidad de atender abortos de manera legal, implica la sensibilización y profesionalización de todo el personal de salud relacionado con la ILE.
Las discusiones sobre del aborto están llenas de machismo y misoginia, por lo que será indispensable contar con personal capacitado que no reproduzca violencias como las que ya experimentan las mujeres en el sistema de salud (como la violencia obstétrica). Este ejercicio de sensibilización debe extenderse a la población y replantearlo desde el hecho indiscutible de que se trata de un derecho que no debe ser ensuciado por el filtro de la moral y la cultura.
La ley es el primer paso de un largo camino que debemos recorrer con más tolerancia, respeto y responsabilidad, que no puede ser exitoso si no volvemos al viejo debate de la educación sexual y del papel que juega el sistema de salud en todo esto.
