Como una acción de corresponsabilidad al sector infantil vulnerado, principalmente, los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Salvador Sosa Arroyo y Humberto Veras Godoy propusieron ante el pleno del Congreso local una iniciativa para quitar la prescripción a varios delitos, es decir, que estos ya no tengan limitante de tiempo para que puedan seguir su proceso penal y punitivo.
En ese sentido, consideraron el concepto como uno de los grandes impedimentos en el sistema de justicia, pues la norma establece que tras un periodo la querella y pruebas vertidas carecen de solidez, “las víctimas pueden pasar años para que denuncien e incluso ni lo hagan”, expresó el primer legislador.
En cifras, explicó que en México entre 2014 y 2018 casi 145 mil personas, en su mayoría mujeres, iniciaron un procedimiento ante Ministerio Público (MP) por presuntas violaciones y abusos sexuales, pero contrastó que pese a ello solo cinco de cada 100 carpetas tuvieron un avance suficiente para su sentencia.
Asimismo, destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en dicho periodo solo una minoría de hechos llegaron ante un juez para la apertura penal, pues solo fueron 31 mil 644 personas procesadas equivalentes al 21.88 por ciento, “es decir, una quinta parte reunió las evidencias suficientes para llegar a la imputación”.
De lo anterior, Sosa Arroyo aseveró que resulta indispensable actualizar las leyes ante lo que consideró normas obsoletas “que han demostrado que muchas veces son usadas para evadir la justicia y proteger al agresor garantizándole la impunidad”, por lo que propuso quitarle la prescripción al homicidio, feminicidio, tráfico y corrupción de menores, así como lenocinio.
A ellos, de aprobase el proyecto, se sumarían a los ya catalogados: violación, abuso sexual, ataque a la intimidad sexual, estupro, aprovechamiento sexual, entre otros; además de que aseveró que también será aplicable la exclusión cuando la víctima no comprenda el significado de lo sucedido, o bien, carezca de la capacidad para resistirlo.
El proyecto de decreto que busca reformar el artículo 121 y adicionar el 120 bis al Código Penal fue turnado a la primera comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, donde será analizado y de no tener observaciones, aprobado en posterior sesión del pleno.
