Escasos análisis de la realidad política advierten que México está construyendo desde el gobierno un nuevo contrato social.
No se trata de entrar en las consideraciones de Rousseau sobre el peso de la voluntad del pueblo para edificar un contrato social, sino del deterioro público del Estado en México que llevó a los gobiernos de la 4T ha replantear las condiciones sociales a través de las estructuras del sistema político con el trazo de las reformas constitucionales, visión que jamás tuvieron las llamadas “reformas estructurales” en la era Peña Nieto, que lo que hicieron fue lo contrario: arrebatarle el patrimonio de la nación al pueblo.
Los derechos y obligaciones de la ciudadanía de jure son los mismos, pero de facto, Hidalgo da cuentas nítidas de cómo la distribución de la riqueza y la generación de oportunidades sociales se constriñen a un pequeño número de habitantes que lograron un crecimiento económico no por su dinamismo exclusivamente, sino por el amparo del aparato público de la casta del antiguo régimen, como lo ejemplifica el caciquismo y las inmobiliarias fantasmas y la no tan fantasmas.
Los contrastes de la riqueza desde la Huasteca a las zonas de desarrollo metropolitano en Hidalgo aleccionan sobre la deuda histórica del viejo contrato social y su aplicación asimétrica que marginó a la mayor parte de la ciudadanía, causando estragos sociales donde la constante es la pobreza y la desigualdad social.
En este trazo, la responsabilidad social del Estado, desde la visión de la presidenta Sheinbaum Pardo, estriba en crear condiciones jurídicas justas, en probidad pública y con transparencia, las cuales se están trazando en la equidad de las relaciones sociales y abatiendo las condiciones estamentales que han primado en una sociedad de amplios privilegios en el país. Por ende, la batalla del Poder Judicial que vivimos en este 2024 protagonizó el juego de suma cero que el antiguo régimen perdió, lo que generó la polarización política y una beligerancia desmedida que se explica por la pérdida del control judicial del aparato de Estado de la derecha en México.
Claudia Sheinbaum está trazando una reconversión de la ingeniería constitucional y, por ende, del contrato social, donde la igualdad formal impere para aminorar y desterrar la desigualdad social al acceso de un Estado justo y en balance de oportunidades para todos. No se trata, por vez primera, de un maquillaje gubernamental, por ello ha causado la reacción virulenta de los grupos antagónicos al gobierno.
Existe en México una clara frontera entre la igualdad jurídica y la desigualdad social imperante. La máxima de López Obrador de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” no era una condición cosmética o gatopardista desde su visión política, sino una cruda lección de que el contrato wocial que rige es, a todas luces, antisocial y, por ende, antipueblo.
Es necesario reconstruir el contrato social. Debe emerger un nuevo constitucionalismo con y para la dignidad humana, donde sea la mayoría la que esgrima justicia y, paulatinamente, el todo social brille por la luz de un Estado en igualdad de oportunidades y no a la inversa como vivimos.
En este trazo de nuevo contrato social ha quedado claro que las directrices propuestas por la presidenta Sheinbaum Pardo se abocan a la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales y públicas. La horizontalidad social debe cobrar relevancia, tal y como la postuló Rousseau, donde la voluntad general no sea vulnerada ni engañada por intereses mezquinos y sectarios de grupúsculos de poder o sociedades estamentales.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
