En últimos minutos de 64L, Congreso Hidalgo aprueba migración a fiscalía estatal

Los diputados señalaron que con la Fiscalía se evitará que la institución dependa del gobierno y “la aplicación selectiva” de las leyes; para la migración habrá un plazo de dos años desde que entre en vigor el decreto discutido.

Previo a terminar su periodo y ser reemplazada, la 64 Legislatura aprobó de forma unánime que la entidad migre de su Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a Fiscalía General de Justicia del Estado, con lo que, dijo, se evitará que dependa del gobierno y “la aplicación selectiva” de las leyes, para lo cual habrá un plazo de dos años desde que entre en vigor el decreto discutido.

En ese sentido, la representante de la primera comisión permanente de Legislación y puntos constitucionales que analizó las iniciativas en la materia, Roxana Montealegre Salvador, y que fueron propuestas en diferentes tiempos por Viridiana Jajaira Aceves Calva, Jorge Mayorga Olvera y Víctor Osmind Guerrero Trejo, añadió que el estado y Tlaxcala eran los únicos que no habían hecho la transición.

 

Los aspectos

En tribuna durante el noveno periodo extraordinario de sesión, la asambleísta explicó que además de los promoventes fue incluida la participación de diversas instancias a nivel estatal y federal como la Secretaría de Gobernación (Segob), la propia PGJEH, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, una barra de abogados, entre otras.

En primer término, deberá establecerse en la Constitución tal denominación: fiscalía” dentro del catálogo de organismos, así como armonizar aquellos numerales que hagan alusión a la actual procuraduría y que el Ministerio Público (MP) se organizará en dicho ente; adicionalmente, será reconocida la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales eliminando la referencia al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

Además, lo anterior deberá ser bajo la vigilancia de la correcta aplicación del plan de política criminal, donde a la par se implemente un esquema de persecución penal “para un mejor resultado en materia de procuración de justicia”, expresó Montealegre Salvador.

Asimismo, destaca que respecto al actual cargo de procurador que dura cinco años, en el nuevo esquema será de siete bajo el argumento de que se asegure una persecución eficaz y a largo plazo, aunque ello no representará una imposibilidad de remover al titular en turno según los criterios; en ese mismo sentido, el procedimiento de designación no variará respecto al que se ejecutó recientemente.

Pues para ello deberá ser mediante convocatoria abierta a quienes cumplan los requisitos que, se dijo, no son discriminatorios, y posteriormente el Ejecutivo conformará una lista de al menos cinco perfiles y la remitirá a la Cámara para su desahogo, aunque si los asambleístas no atienden en 10 días el trámite el gobernador a cargo podrá hacerlo por cuenta propia.

 

Se separa de administración

Al referir que la naturaleza propia de una fiscalía es ser autónoma e independiente, fue retirada la facultad y obligación de que el gobernador facilitara a la PGJEH los elementos necesarios para sus funciones; mientras que además deberá desincorporar los recursos materiales con que cuenta actualmente la procuraduría para que sean de la fiscalía y a la par implemente medidas presupuestales y administrativas para la correcta transición.

Por último, al externar que lo anterior deberá ser en no más de dos años, el fiscal estará facultado para integrar una comisión interinstitucional de migración en la que participará personal de la institución y de la secretarías de Gobierno, Finanzas, Oficialía Mayor, Unidad de Planeación y Prospectiva y un representante de la Comisión de Seguridad Ciudadana para planificar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a las labores.

 

No solo es cambiar nombre, diputados a favor

Previo a la votación, tres diputados de diversas bancadas parlamentarias pidieron la palabra para manifestar desde tribuna su apoyo al decreto, quienes coincidieron que no solo es un cambio de nombre sino la sustitución de atribuciones que para además de delinear las funciones se evite la intromisión gubernamental en la investigación criminal.

“Por lo que con la aprobación se busca actualizar un marco normativo acorde a la ciudadanía”, expresó José Luis Espinosa Silva; mientras que por separado sus homólogos Rafael Garnica Alonso y Felipe Ernesto Lara Carballo compartieron que no se podría cerrar con mejor broche de oro que dar atención a un tema toral o que la autonomía era un tema demandado y pendiente, respectivamente.

Tras la discusión de cabildo, el decreto de reforma, adición y derogación de múltiples artículos de la Constitución fue ratificado por unanimidad del pleno sin que hubiera votos en contra u abstenciones, por lo que fue ordenado a la secretaría que elabore el documento correspondiente y lo envíe al Ejecutivo estatal para que lo analice y de no tener observaciones lo ratifique, o buen, lo devuelva al Congreso para su corrección.


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