En 2013, Edward Snowden nos sorprendió y revolucionó la vida de los ciudadanos del planeta, al confesar lo que todos sabíamos de antemano: su país, Estados Unidos de América, vigila todo lo que decimos y escribimos.
Pero hoy no es Estados Unidos, sino el gobierno de México el que, habiendo demostrado su incapacidad para espiar e infiltrar al crimen organizado, está vigilando a periodistas y defensores de derechos humanos.
El software conocido como Pegasus, del cual se ha venido hablando desde 2013, cuando el diario británico “The Guardian” informó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) estaba recolectando los registros telefónicos de decenas de millones de estadounidenses y líderes mundiales (la canciller de Alemania, Angela Merkel; la presidenta de Brasil en ese entonces, Dilma Rousseff; el entonces presidente de Francia, François Hollande, y el propio Felipe Calderón), ha provocado un escándalo de espionaje en México.
En aquél entonces, Snowden tuvo la valentía de oponerse a lo que en su momento consideró que no era ético en este mundo, en el cual las comunicaciones han acercado pueblos, comunidades y ciudadanos, rompiendo las barreras culturales y lingüísticas, provocando una segunda revolución industrial; es decir, al espionaje por parte de su país en todas las comunicaciones orales y escritas entre personas a nivel planetario, a través de las nuevas tecnologías.
En su declaración, Snowden planteó entonces: “Hace poco más de un mes tenía una familia, un hogar que era el paraíso y vivía con mucho confort”, y como seguramente otros lo siguen haciendo afirmó que en su trabajo él “tenía la capacidad de buscar, tener acceso y leer” nuestras comunicaciones “sin tener ninguna orden; podía tener acceso a las comunicaciones de cualquier persona en cualquier momento, ese es el poder para cambiar el destino de las personas”, y reconoció que era “un miembro de alto rango de los servicios de inteligencia” de su país, la NSA.
Ahora en México se deja la ética a un lado, pero no para luchar contra el crimen organizado, sino para neutralizar a sus ciudadanos. Pegasus es un software que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos para monitorear todos los pormenores de las actividades diarias en los medios de las personas a través de su celular, incluidas llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, registros sobre contactos y calendarios, utilizando el micrófono y la cámara de los teléfonos para vigilar a sus dueños, convirtiendo los dispositivos en centros de espionaje móviles.
Este software creado para espiar bandas criminales y terroristas, es usado en México para vigilar a periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, entre otros comunicadores; a los abogados encargados de la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos; a Juan Pardinas, quien redactó y promovió la Ley anticorrupción, la llamada 3de3; a personas incómodas para el gobierno como Alexandra Zapata del IMCO y Daniel Lizárraga de MCCI, según la organización de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el The New York Times.
Pegasus es un software que resulta imposible de detectar durante el hackeo de los teléfonos inteligentes; fue construido por una compañía llamada ONE Group y descubierto al ser utilizado en los Emiratos Árabes Unidos, lo que obligó a que Apple actualizara su sistema operativo iOS 9.3.5.
En 2012, el gobierno mexicano sólo disponía de un par de equipos donados por la Iniciativa Mérida para espiar teléfonos celulares y correos electrónicos; no obstante, las revelaciones hechas por The New York Times muestran que en lugar de que el gobierno mexicano buscara evitar ser espiado a través de los equipos donados por Estados Unidos, ha decidido utilizar los equipos donados y la compra de tecnología adicional, como Pegasus, para espiar a sus propios ciudadanos.
Qué conversación telefónica puede estar a salvo, qué número de qué compañía, si estamos a merced de miles de hombres y mujeres que escuchan nuestras conversaciones, las más ingenuas o las más íntimas; quién puede estar a salvo de ser escuchado o leído, cuando una palabra clave puede llamar la atención para saber de nosotros.
Y en este estado de cosas, donde la soberanía nacional ha sido puesta en segundo plano: ¿a quién le importan las leyes?, si bajo el pretexto de proteger la integridad del país, se está dispuesto a leernos a escucharnos e ir tras nosotros sólo por creer que estamos confabulando en su contra. ¿Acaso al gobierno de México, que hoy cuestiona a otros gobiernos de América Latina, le interesa respetar las leyes o el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
