El exalcalde de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, promovió una solicitud de amparo contra una posible orden de aprehensión, por lo que un juez federal le concedió una suspensión provisional, lo que implica que no puede ser detenido por el momento.
No obstante, el recurso podría tratarse de un llamado “amparo buscador”, es decir, aquellos que se presentan para verificar si existen denuncias o procesos penales en contra de una persona. Esto surgió dos días después de que el actual alcalde, Norberto Martínez Cruz, señalara ante medios de comunicación, el pasado 25 de marzo, que presentó denuncias contra su antecesor por diversas deudas heredadas.
De acuerdo con el expediente 549/2026, la medida fue otorgada luego de que el quejoso advirtiera la posible existencia de una orden de detención, aprehensión, arresto o arraigo en su contra. La solicitud de amparo fue presentada el 27 de marzo de 2026.
El juez fijó una audiencia para el próximo 10 de abril a las 9:55 horas, en la que se determinará si la suspensión se mantiene de manera definitiva. Además, se solicitó a las autoridades señaladas que rindan un informe en un plazo de 48 horas.
La suspensión provisional establece que el quejoso no puede ser privado de su libertad; sin embargo, las autoridades pueden continuar con las investigaciones correspondientes.
Esta protección no aplica si la persona es sorprendida en flagrancia cometiendo un delito, incurre en faltas administrativas o si existe una nueva orden distinta a la reclamada.
Para que la medida continúe vigente, el quejoso deberá otorgar una garantía económica y presentarse ante la autoridad cuando sea requerido; de lo contrario, la suspensión podría ser revocada. La audiencia constitucional para definir si se concede o no el amparo está programada para el 12 de mayo de 2025.
Por su parte, el actual edil señaló en entrevista que inició denuncias contra Azpeitia Díaz porque le heredó laudos millonarios y deudas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). También acusó que durante su administración hubo un uso excesivo de adjudicaciones directas y que dejó obras públicas inconclusas.
