”Exalcalde de Tula no actuó solo”; piden investigación contra regidores afines

Actualmente priva un ambiente hostil en contra del nuevo alcalde, Mario Guzmán, quien ha iniciado una auditoría en todas las direcciones del Ayuntamiento.

El regidor del municipio de Tula, Ricardo Baptista, se pronunció a favor de que la Procuraduría de Justicia estatal lleve a cabo las investigaciones correspondientes con el objetivo de fincar responsabilidades a las regidoras, regidores y síndicos que hayan tenido relación con la aprobación del gasto de los más de 60 millones de pesos por los cuales el exalcalde de dicha demarcación, Manuel Hernández Badillo, actualmente enfrenta un proceso penal.

Ricardo Baptista aseguró que el exalcalde no actuó solo, de ahí que es necesario que se tome en cuenta e investigue la participación de los demás miembros de la Asamblea. Señaló que él fue uno de los primeros en exigir la transparencia y rendición de cuentas por parte del presidente municipal suspendido, de ahí que celebró su vinculación a proceso.

El regidor igualmente afirmó que actualmente existe un ambiente hostil en el Ayuntamiento de Tula, toda vez que la mayoría de los regidores “eran gente” del ahora exedil, por lo que existe guerra sucia en contra del nuevo alcalde Mario Guzmán Badillo.

Aseguró que tanto los regidores como los síndicos siguen operando a favor de Manuel Hernández y además, dijo, existe molestia ya que uno de los primeros planteamientos del actual presidente municipal fue que cambiaría la titularidad de las direcciones y haría auditorías, y en este sentido expresó que hay resistencia para entregar la información requerida, aunado también al hecho de que la entrega recepción ha avanzado de manera muy lenta.

RECORDEMOS

Que el 14 de agosto fue detenido quien en ese momento era el alcalde de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo.

Se le acusa del delito de uso ilícito de facultades y atribuciones agravado por haber autorizado en 2021, a nombre del Ayuntamiento de Tula, la adjudicación directa ilícita de al menos tres contratos por 60 millones de pesos.

La orden de aprehensión fue ejecutada por la Unidad Especializada encargada del Maxiproceso de la Estafa Siniestra y la Policía Investigadora.


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