Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y líder del Grupo Universidad, reapareció en una asamblea con integrantes de la comunidad universitaria, donde anunció una marcha para el 21 de octubre en Plaza Juárez, en defensa de la autonomía. Aseguró que enfrenta una persecución política en tiempos electorales, relacionada con el proceso judicial por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Afirmó que esta persecución comenzó en 2020, durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, exmilitante del PRI y actualmente integrante de Morena, a quien llamó “el innombrable”. Según Sosa Castelán, el exmandatario no les perdonó que en las elecciones de 2018 obtuvieran 17 diputaciones locales, de las cuales 11 correspondían a perfiles vinculados con el Grupo Universidad, que en ese entonces compitieron bajo las siglas de Morena.
REVELARÁ QUIÉN LIDERA LA “PERSECUCIÓN” EN SU CONTRA
“Si la persecución continúa, el próximo 21 en la Plaza Juárez descubrimos al cuac, cuac, cuac y damos el nombre de quién es el pato que nos está molestando”, advirtió ante los asistentes.
Actualmente, Sosa Castelán enfrenta dos escenarios ante la justicia federal. El pasado 30 de septiembre, un tribunal confirmó su no vinculación a proceso por defraudación fiscal equiparada, mientras que el 1 de octubre un órgano judicial federal en el Estado de México revocó una resolución absolutoria y ordenó que continúe el proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con 58.2 millones de pesos.
Explicó que desde 2020 se iniciaron diversas carpetas de investigación en su contra, entre ellas una por delincuencia organizada que derivó en su privación de la libertad y prisión preventiva oficiosa. Señaló que posteriormente acudió ante un juez de control para solicitar el sobreseimiento de la causa, bajo el argumento de que no existía delito.
De acuerdo con su relato, el juez concedió la solicitud y decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. “Fui declarado inocente porque la fiscalía no acreditó que recibiera recursos ilícitos”, aseguró.
Agregó que el Ministerio Público apeló la resolución y que un tribunal de apelación la revocó por un supuesto problema de competencia, mediante un argumento que, sostuvo, no había sido planteado por la fiscalía.
“Cuando camina como pato, tiene pico de pato y suena como pato, ¿qué es? No, es una persecución política”, expresó.
Sosa Castelán sostuvo que nunca fue acusado de robar o sustraer dinero de la universidad ni de ocasionarle daños patrimoniales y afirmó que, por el contrario, durante años ha gestionado recursos para la institución. Respecto al procedimiento por defraudación fiscal equiparada, consideró que obtuvo una resolución favorable.
Afirmó que no es el único integrante de la comunidad universitaria que ha enfrentado investigaciones y mencionó al exrector Adolfo Pontigo Loyola, así como a Gabriela y Estrellita Mejía, quienes, según relató, fueron acusados de peculado. Argumentó que ese delito no podía configurarse porque no eran trabajadores del gobierno y aseguró que la resolución resultó favorable para los tres.
También mencionó a su hermano Agustín Sosa Castelán, secretario general del Sindicato de Personal Académico, quien, señaló, fue acusado de defraudación fiscal.
Recordó además el caso de Gabriela Mejía, quien, de acuerdo con su versión, pasó de ser víctima de un accidente de tránsito a enfrentar una acusación por un delito electoral que la llevó a prisión. “Qué casualidad que hoy justamente también en tiempos electorales, como los de ahora, seguimos coincidiendo”, apuntó.
”NO NOS PERDONÓ EL INNOMBRABLE”
“No nos perdonó el innombrable”, insistió al referirse al exgobernador Omar Fayad Meneses.
Sosa Castelán reiteró que, a su consideración, las investigaciones comenzaron por diferencias políticas con la administración de Fayad, particularmente después de que en 2018 Morena obtuviera 17 de las 18 diputaciones locales en disputa, de las cuales 11 correspondían, según afirmó, a legisladores afines al Grupo Universidad, del que es considerado líder moral.
Finalmente, aseguró que las acciones contra integrantes de la comunidad universitaria provienen del gobierno estatal y están relacionadas con la defensa de la autonomía de la UAEH, principio que, destacó, permite a la institución definir su organización interna, establecer sus requisitos y administrar sus recursos.
