Una sombra que amenaza a la administración del gobernador Julio Menchaca en la recta final de 2023 es la herencia maldita de la crisis del agua que experimentan 80 de los 84 municipios de Hidalgo ha desatado fuerzas encontradas por encima del sistema político y del control del Estado.
La carencia de un proyecto de racionalización, proyección urbana y crecimiento poblacional en Hidalgo como herencia de sucesivas administraciones estatales, cuya miopía y nula atención del abasto y suministro de agua generaron una crisis que fue escalando a niveles inenarrables, revienta en la administración de Menchaca Salazar, quien frente a la reacción social en diferentes municipios ha expuesto que todo el peso de la ley se aplicará a morosos y evasores. Pero esto sólo es la punta del iceberg, porque la verdadera causa es el abandono gubernamental que por décadas primó en la carencia de una planificación hídrica con prospectiva de preservación humana.
México atraviesa desde hace varias décadas por una deforestación y sufre los efectos del cambio climático que tiene en jaque al mundo y ha provocado una crisis hídrica internacional, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2,200 millones de personas no tienen acceso al agua.
Como efecto colateral de los entretelones gubernamentales de Hidalgo, el clima político convulsionado por el paro de los estudiantes del Instituto de Artes de la UAEH -que se ha vuelto un dolor de cabeza por su transversalidad hacia las estructuras de gobierno, al develar una dictadura educativa que ha burlado la ley por décadas en contubernio con la clase política- enlaza otro oscuro eslabón de esta cadena de corrupción e impunidad, al sumarle a la actual administración una deuda de 32 millones de pesos por evasión de pago de agua, mientras millones de hidalguenses padecen los estragos de la miopía gubernamental que jamás asumió con seriedad y responsabilidad esta crisis hídrica.
Se debe entender que la crisis del agua es una crisis de Estado. Exige del gobierno de Menchaca Salazar y su staff administrativo un Plan de Contingencia Estatal, cuestión que nunca ha planteado ninguna administración pública en Hidalgo, lo que hace insuficiente como medida rala aplicar la ley a morosos y evasores, sin que ello implique una emergencia de Estado.
La crisis del agua se presenta en 80 municipios de Hidalgo y debe ser asumida como una crisis humanitaria, para crear un cabildo ciudadano-gubernamental de protección y cuidado del líquido dentro de un Plan de Contingencia Estatal con prospección a 50 años, por ley.
No existen determinismos políticos que un pueblo no pueda extinguir. Así como se cercenaron más de 70 años de autoritarismo político en la nación, la herencia maldita de la crisis del agua en Hidalgo -que no es otra cosa que la revelación de una clase política indolente y preocupada por el juego de intereses de negocios particulares- debe romper la encrucijada de las taras del ejercicio público, haciendo eco del gobernador Menchaca Salazar, que fijó con altura de miras que el pueblo es primero.
