Los dirigentes de los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo señalaron a la Secretaría de Contraloría estatal de efectuar sanciones a sus candidatos, en donde refirieron que varios de sus abanderados han sido inhabilitados de ocupar cargos públicos por supuestas omisiones en la presentación de sus declaraciones 3 de 3
En representación de la alianza electoral, el dirigente del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), Juan José Luna Mejía, afirmó que, tanto el titular de la dependencia, César Román Mora Velázquez, como los encargados de las contralorías municipales y de los órganos internos de control, se han encargado de intervenir en contra de sus candidatos, acusándolos de no presentar su declaración como lo establece la ley e inhabilitándolos hasta por un año.
“(Los acusados) no han hecho bien su trabajo, o lo han hecho sesgadamente, porque cuando identificas a un servidor público que no ha presentado su declaración patrimonial, es su obligación investigar, y en un proceso como ese hay una investigación, sustanciación y resolución, y cuando eso pasa lo tienes que notificar, y en esa notificación dan 30 días para subsanar esos puntos”, explicó el líder turquesa.
No obstante, declaró que este tipo de procesos no aplicaron a varios de los candidatos representados por la coalición, tanto los abanderados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como del Partido del Trabajo (PT), el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Panalh, y añadió que ninguno de ellos ha sido notificado de sus supuestas inhabilitaciones hasta por un año.
“No se ha prevenido, señor contralor, no se ha orientado, señor contralor, no se ha requerido, señor contralor el cumplimiento de la obligación a quienes hayan sido omisos, y de haber cumplido la Contraloría con sus obligaciones legales no estaríamos en estos escenarios que utilizan con alevosía e intenciones electorales”, dijo.
Además, puntualizó que la omisión en la presentación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y candidatos a cargos de elección popular es considerada como una “falta no grave”, y que por ello las sanciones que se puedan aplicar por faltas similares debe ser acorde a su gravedad, y que en este caso, no se deben aplicar penas más altas ante la primera infracción.
Derivado de ello, Luna Mejía estableció que “es evidente la utilización de mecanismos legaloides para inhabilitar a diversos personajes públicos que pretenden acceder a las diputaciones en proceso de elección, con el pretexto de omisiones en relación a la presentación en tiempo y forma de su declaración”.
Así mismo, remarcó que, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las contralorías deben imponer una amonestación antes de la imposición de cualquier tipo de sanción, de prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como orientar el criterio que deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus cargos.
Por otro lado, acusó que se ha estado haciendo caso omiso al acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el que establece que los servidores públicos estatales y municipales que no presentaban sus declaraciones patrimoniales antes de julio del 2017 a presentar dicha herramienta a partir del presente año, acción que afirmó, el contralor Mora Velázquez lo ha estado pidiendo anticipadamente.
