La inauguración de las nuevas oficinas del gobierno estatal en el predio de la antigua Casa de Gobierno en Pachuca tiene una carga simbólica digna de estas líneas. No se trata solamente de un edificio nuevo, sino de la resignificación de un espacio que durante años representó una forma muy particular de entender el poder en Hidalgo. Ahí, donde antes vivía el gobernador en turno y su familia, ahora trabajarán centenares de servidores públicos, dando servicio y atención a la ciudadanía.
Ese cambio importa porque durante mucho tiempo en México se normalizó que los gobernantes vivieran como una especie de virreyes sexenales, rodeados de privilegios pagados con dinero público y justificados bajo la idea de cuidar la investidura. Casa que, además, se remodelaba cada sexenio, alberca, cancha de tenis, mantenimiento, servicios, personal, seguridad y una larga lista de gastos que se normalizaron a lo largo del tiempo, para que el gobernador pudiera operar desde casa, si así lo decidía.
Pero en política, tarde o temprano las cosas cambian y más allá de la ideología del gobierno actual, la clase política hidalguense ya no podía defender con tanta facilidad estas costumbres.
Por eso la decisión de convertir ese espacio en oficinas públicas merece destacarse por un lado, pero por otro, ser leída con cuidado. Es indiscutiblemente un gesto que dialoga con la alternancia política que vive Hidalgo y que tendrá un lugar en la historia política hidalguense por el simbolismo que entraña, pero el acto por sí mismo, no debe ser un cheque en blanco, porque ningún gobierno queda exento de rendir cuentas sólo por tomar una decisión simbólicamente potente. La primera alternancia debe medirse con resultados, claro, pero también a través del manejo acertado de los símbolos del poder, como en este caso.
Desde luego, lo importante no será únicamente que el inmueble, situado en el corazón de la ciudad, haya dejado de ser la residencia oficial del gobernador, sino que el nuevo complejo funcione adecuadamente. Si ahí estarán oficinas públicas, entonces el verdadero valor se verá en su operación diaria, con mejores servicios y ahorros reales en rentas, porque sostener esa decisión con resultados será lo que determine si el símbolo también tuvo contenido.
Aun así, hay momentos en los que la política necesita mandar mensajes claros sobre lo que ya no debería regresar. Que un gobernador ya no viva en una mansión pública “todo incluido” sí ayuda a marcar una frontera con las viejas ideas del poder palaciego. Las nuevas oficinas gubernamentales de la simbólica calle 16 de enero deben analizarse como un recordatorio para todos los que vengan después: el patrimonio público no debe estar para consentir gobernantes, sino para ayudarlos a servirle a la gente.
