Diversos medios y personajes nacionales e internacionales han lanzado una dura crítica a la respuesta tardía de las diferentes esferas de gobierno en la tragedia de Tlahuelilpan poniendo en la mesa la pregunta obligatoria ¿se pudo haber evitado la explosión de un ducto picado que ha costado decenas de vida?
La respuesta de las autoridades es cantinfleada y rebuscada sin lograr justificar las cuatro horas y media que tardó PEMEX en cerrar el ducto y el ejército en realizar alguna acción, pero sin duda los cuerpos de policías estatales tampoco tuvieron una reacción ágil menos eficiente.
Si bien es cierto que el propio presidente de la República ha desestimado la responsabilidad estatal adjudicándola únicamente a la esfera federal también lo es que por ética (los cuerpos de seguridad) debieron actuar de inmediato, sin embargo, se trata de los mismos policías que han llegado tarde también a los linchamientos y que fueron beneficiados con el programa federal del Fortaseg que prometía brindarles capacitación adecuada para momentos como estos, y mismo cuerpo de elementos de seguridad del que nadie quiere asumir responsabilidad.
Secretarios y funcionarios estatales se arrojan “la papa caliente” entre ellos desestimando sus funciones y obligaciones, los responsables de la seguridad estatal juegan a buscarse posiciones que les beneficien pese a que existe sinnúmero de quejas sobre los cuerpos policiacos en los municipios, y en mucho son acusados de ser ellos mismos quienes dirigen el hampa de forma impune en delitos del fuero común pero también en los relacionados con el robo y venta de hidrocarburo.
Hoy de nuevo hay consecuencias de su falta de trabajo y oficio, decenas de muertos que son responsabilidad del ejército como estrategia fallida de AMLO a tan sólo un par de semanas de haber asumido el poder, demostrando que el ejército posee formación para situaciones con naturaleza violenta más no para intervenir en aquellas en las que se requiere sensibilización o cercanía con los civiles, tal como lo fue el trágico viernes en la entidad.
Se lanza una escandalosa guerra contra el huachicoleo, parece que los daños colaterales son la población y los dirigentes de dichas actividades ilegales permanecen en total impunidad o son acribillados, misteriosamente, sin dejar testimonio o señalamiento alguno. Paralelamente la ciudadanía criminaliza a las personas que hoy son víctimas, lanzando una campaña de odio que hace prevalecer las condiciones necesarias para generar más violencia.
Sin responsables, “está en curso la investigación”, gente buscando a sus familiares y otros enterrando a los suyos en una ampliación urgente del panteón municipal, un muerto que presuntamente era el líder de los huachicoleros, especulaciones por doquier, criminalización de las víctimas traen como consecuencia: un estado fallido en el que no hay responsables que perseguir.
Por: Martha Sáenz
Opiniones y cuentos de lo que veo.
