Durante sexenios anteriores, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) fue utilizada como “caja chica” de gobiernos pasados, aseguró el titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdez.
En La Entrevista de Effetá, explicó que el gobernador Julio Menchaca Salazar instruyó a todas las dependencias estatales a revisar las nóminas para detectar posibles “aviadores” o personas que cobraban sin acudir a trabajar, por lo que en la SEPH comenzaron un cotejo de información de más de 54 mil docentes y trabajadores administrativos.
De manera paralela, autoridades del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) advirtieron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 28 mil claves en las que no se localizaba a sus titulares o existían inconsistencias respecto al lugar donde cobraban.
Castrejón Valdez señaló que, tras revisar la información en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), detectaron que varios docentes contaban con dos, tres o hasta cuatro claves, aunque aclaró que ello no necesariamente significaba que ocuparan múltiples plazas, sino que correspondía a horas de clase o cargas laborales distintas.
“Entonces nos dimos a la tarea de revisar esas 28 mil claves, ¿qué pasa? ¿dónde están? ¿qué sucede? y encontramos que había un gran descuido administrativo, tanto de la parte oficial, que es a la que le toca, como la parte sindical que ejecuta muchas acciones de derechos laborales”.
El funcionario explicó que, junto con el SNTE, lograron reorganizar las claves mediante la verificación de cambios de domicilio y centros de trabajo, reduciendo las posibles observaciones de 28 mil a aproximadamente 800 casos.
Asimismo, sostuvo que estas omisiones administrativas permitieron irregularidades en gobiernos anteriores, como dobles plazas sin justificación, cobros ilegítimos y casos de “aviadores”.
“La SEPH fue la caja chica de muchos sexenios, entonces nosotros hemos venido a meter mucho orden administrativo y junto con el sindicato, y lo reconozco totalmente porque lo hemos hecho juntos”.
Castrejón acusa filtración que afectó a docentes
El secretario también reveló que remitió un listado al gobernador relacionado con trabajadores de la educación que presuntamente laboraban además en presidencias municipales, por lo que era necesario corroborar información con la Secretaría de Contraloría para descartar homónimos y revisar horarios y sedes laborales.
No obstante, lamentó que el tema se hiciera público antes de concluir el análisis correspondiente, situación que, dijo, afectó la dignidad laboral de los maestros.
“Eso generó mucho dolor, mucha tensión interna y mucha molestia, incluida la mía, porque se generalizó el tema y eso es incorrecto”.
Además, aclaró que ninguno de los docentes señalados ha renunciado a la SEPH y recordó que existe la posibilidad de solicitar licencias sin goce de sueldo.
Respecto a los maestros que también se desempeñan como regidores, Castrejón puntualizó que actualmente ninguna ley obliga a los asambleístas a desempeñar funciones de tiempo completo, por lo que consideró válido que los docentes ejerzan otras actividades laborales fuera de sus horarios oficiales.
“Hay maestros que ganan más que el gobernador y es legal”
Sobre las declaraciones del titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, respecto a que existen trabajadores de la educación que perciben salarios superiores al del gobernador —más de 79 mil pesos mensuales—, Natividad Castrejón aseguró que esa situación es legal debido a derechos adquiridos.
“El gobernador me decía: ‘es que hay una ley que dice que nadie debe ganar más que el gobernador’, y yo le llevé una relación de no sé cuántos docentes y le dije ‘mira, pues hay estos 300 o 400 que ganan más que tú y van a seguir ganando más que tú, son derechos adquiridos a través de muchos años de trabajo que se metieron a todas las promociones que hizo el gobierno en diferentes sexenios, de diferentes formas de motivarlos y es legítimo; no sólo es legítimo, es legal’”.
Finalmente, enfatizó que no es posible modificar los salarios de docentes de escuelas normales o de educación básica que actualmente perciben ingresos superiores al del mandatario estatal.
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