El cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del segundo Circuito con sede en el Estado de México le desechó de plano una demanda de amparo que solicitó el otrora presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa, en el que acusaba omisiones para garantizar su integridad.
Inicialmente el 18 de febrero, los abogados de Sosa Castelán presentaron una queja en el juzgado octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en la misma entidad, donde expusieron que la autoridad fue omisa en “crear, publicar e implementar políticas públicas, programas o protocolos sanitarios efectivos” para hacer frente a la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el centro penitenciario de El Altiplano.
Con ello, alegaron un “trato inhumano” y violaciones directas a los artículos primero, cuarto y 18 de la Constitución federal; no obstante, dicho órgano desechó el proceso al considerarlo improcedente; por lo que se recurrió al cuarto tribunal colegiado quien dictaminó se recibió en tiempo y forma.
No obstante, del estudio de la controversia que efectuó el ministro Raúl Valerio Ramírez dictaminó infundado el recurso interpuesto al estimar que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción 20 de la Ley de Amparo que contempla el principio de definitividad.
Lo anterior, pues previo a promover la demanda el quejoso debió agotar todas las instancias procesales, y se señala que como persona privada de su libertad “a nombre propio, de manera colectiva o sus defensores” pudo presentar una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento.
Ya entonces, previamente agotado el mecanismo de control establecido, así como los medios de impugnación previstos y si la decisión final no le satisficiera y considerara afectados sus derechos, estaba autorizado para acudir al amparo.
