Las indagatorias públicas sobre el faltante de 287 millones de pesos en la administración de Israel Félix Soto en Mineral de la Reforma abren nuevos cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en el manejo de los recursos públicos, sobre los que deben construirse protocolos eficientes en el gasto de las administraciones municipales.
El desencanto público y la decepción de la ciudadanía frente a la malversación del erario en Hidalgo no es nuevo; lamentablemente esta realidad implica que la podredumbre de la clase política ha imbricado de manera generacional las anomias de la corrupción e impunidad como herida social.
En los entretelones, el alcalde Eduardo Medécigo Rubio -a quien en entrevista Cara a Cara Effetá le cuestioné si procedería contra la administración anterior si se registraban faltantes en las cuentas públicas- ya se encuentra en los trámites de procedencia para fincar responsabilidades en torno a la administración de Félix Soto, que será sometida a investigación.
Para el análisis crítico de la realidad pública en Hidalgo, es inconcebible que sigan apareciendo anomalías en los ayuntamientos del antiguo régimen, lo que pone en la mira a los de reciente ingreso administrativo para prevenir desde un giro restitutivo el rol de los órganos de control público. En lo sustantivo, la confianza ciudadana en las instituciones públicas es poco menos que una quimera, por lo que el cuestionamiento de fondo estriba sobre ¿qué acciones de orden preventiva se instrumentarán para detener la corrupción e impunidad que priman en los ayuntamientos?, ¿es acaso que ser presidente municipal es la cereza del pastel?
Consideremos que el rol de los órganos de control de la gestión pública en México se encuentra años luz de poder implementar medidas y herramientas que impidan la malversación pública, por lo que el panorama seguirá siendo lúgubre. A contrapelo, esta cruenta realidad vuelve a posicionar la discusión sobre los alcances del papel de los organismos públicos autónomos que han sido extinguidos.
Analíticamente, la malversación pública, el peculado, la corrupción e impunidad deben dar paso a una nueva relación de gobierno en público (como advierte Pasquino) entre sociedad política y sociedad civil. El rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas debe incrementarse para que el equilibrio de la transparencia pueda tener un peso efectivo y, con ello, emprender un proceso de modernización en la integración de las estructuras del Estado.
Impotencia, decepción y hastío social son las repercusiones inmediatas de la malversación pública, que genera pérdida de legitimidad y credibilidad de las acciones de gobierno. Pese a lo loable que resultan las pesquisas emprendidas contra la malversación pública de la Estafa Siniestra y más allá de ella en la administración del gobernador Julio Menchaca, no es admisible que la esfera pública se encuentre en el estado de podredumbre por la que atraviesan las estelas del antiguo régimen en Hidalgo, al grado que la ciudadanía ha perdido la capacidad de asombro y el destape de la cloaca pública ensucia con sus hedores la voluntad del pueblo.
Fue Hegel el que le dio el peso moderno a la sociedad civil como contrapeso del orden público; increíblemente como contrapeso, advirtiendo que el equilibrio de la sociedad política en el manejo de los intereses del pueblo, invariablemente, es inestable. Esto explica la cloaca que destapa la malversación pública en Hidalgo y que exige que la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales no sea una excepción, sino una regla de oro.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
