Al menos 10 funcionarios de Segobh, separados por presuntas irregularidades

Al menos 10 servidores públicos de áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno han sido separados, suspendidos o dados de baja durante la actual administración por distintas irregularidades; los casos continúan bajo procedimientos para determinar responsabilidades.

Al menos 10 servidores públicos de diferentes áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo han sido separados, suspendidos o dados de baja durante la actual administración, luego de detectarse presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Entre las conductas señaladas se encuentran cobros en efectivo a usuarios por la realización de trámites, sustracción de documentos y desaparición de bienes públicos que estaban bajo resguardo de trabajadores.

Los casos permanecen sujetos a investigaciones y procedimientos administrativos, por lo que será a través de estos mecanismos como se determine la responsabilidad de cada persona involucrada.

Cinco casos por presuntos cobros a usuarios

El titular de la Defensoría Pública, Ciro Juárez González, cinco trabajadores del área a su cargo fueron separados de sus funciones y actualmente se encuentran bajo investigación.

Explicó que los procedimientos derivaron de denuncias de usuarios que presentaron evidencias de que presuntamente les solicitaron dinero para realizar trámites.

Juárez González señaló que las personas investigadas tienen derecho a defenderse durante el procedimiento y que las investigaciones aún se encuentran en curso.

Investigan cobros por alrededor de 300 mil pesos

Mientras que en la Dirección General del Registro del Estado Familiar, Celia Ramírez Godínez, informó sobre dos casos: una persona ya no trabaja en la dependencia y otra permanece suspendida mientras continúan las investigaciones.

Uno de los procedimientos está relacionado con la presunta sustracción de documentos utilizados al interior de la dependencia.

El segundo corresponde a supuestos cobros realizados directamente en efectivo, pese a que los pagos debían efectuarse mediante un formato y depósito bancario.

De acuerdo con la funcionaria, en este último caso se investiga un monto de alrededor de 300 mil pesos, correspondiente al periodo de agosto de 2025 a enero de 2026.

Tres bajas y bienes públicos desaparecidos

Por su parte, José Luis Álvarez Tagle, del Instituto de la Función Registral del Estado, informó que tres funcionarios fueron dados de baja.

Entre los motivos señalados se encuentran irregularidades en el desempeño de sus funciones y la desaparición de bienes propiedad del estado que estaban bajo su responsabilidad.

Los procedimientos administrativos permanecen abiertos ante los órganos internos correspondientes para establecer si existen responsabilidades.

Los funcionarios llamaron a la población a denunciar posibles actos de corrupción y aportar evidencias que permitan iniciar las investigaciones correspondientes.