Durante semanas, buena parte de la discusión de la reforma electoral giró alrededor de una propuesta en particular que era el dividir los 84 municipios de Hidalgo en dos grupos y reservar 42 exclusivamente para candidaturas de mujeres a las presidencias municipales. Al final, el asunto no pasó y fue bajado de la dictaminación y por ende de la reforma. El Congreso decidió dejar ese modelo fuera después de escuchar posiciones distintas y su presidente habló incluso de prudencia y de la posibilidad de retomarlo en otro momento.
Eso no significa que el Congreso haya eliminado la paridad ni mucho menos. Los partidos seguirán obligados a postular mujeres y hombres conforme a las reglas constitucionales y electorales, es decir, al menos la mitad de sus candidatos deben ser mujeres. Eso sí, lo que no habrá es una lista definida desde la ley que diga cuáles municipios deberán ser exclusivamente para mujeres. Después de toda la polémica que generó el famoso reparto de 42 y 42, la reforma terminó tomando un camino bastante más moderado, con base también en el escenario nacional, tanto político como judicial.
Hay, además, un cambio que hizo mucho menos ruido, pero que políticamente importa. El Congreso derogó la fracción II Bis del artículo 66 del Código Electoral, que daba al IEEH la atribución expresa de expedir lineamientos para garantizar a las mujeres el acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad. Esa disposición formaba parte del escenario jurídico con el que se construyeron en 2024 las tan polémicas medidas especiales para las presidencias municipales exclusivas para mujeres. Con esto, para 2027, esa facultad específica ya no estará en el Código.
Y esa diferencia importa porque sería un error esperar simplemente una repetición del escenario vivido en 2024. El IEEH tendrá que aplicar la ley que ahora existe, no la que existía hace tres años y la reforma mantiene las reglas de paridad y todavía habrá decisiones que deberá tomar la autoridad electoral dentro de sus atribuciones, pero el Congreso decidió no dejarle nuevamente aquella obligación abierta de diseñar medidas generales para garantizar el acceso a los cargos.
Así que el experimento de 2027 será distinto. No habrá 42 municipios reservados desde el Congreso y tampoco existe ya la misma disposición que tenía el IEEH en 2024, por lo que ahora una parte mucho mayor de la responsabilidad regresará a los partidos: qué mujeres postulan, en qué municipios y con qué posibilidades reales de competir. Después vendrá la última palabra, la que ninguna reforma ni organismo debe escribir por adelantado, la de la ciudadanía en las urnas.
