La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llegó esta semana a un acuerdo para imponer un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones. La reforma de la tributación internacional adoptada por 130 de los 139 países que negocian en la OCDE, entre ellos México, sienta las bases para que las nuevas reglas se apliquen en 2023, y ha sido calificada por los ministros de finanzas como un “acuerdo histórico”.
En total, 130 países llegaron a un acuerdo para introducir una tasa impositiva efectiva mínima de al menos el 15%. Con ello, los países han establecido su derecho a gravar parte de los “beneficios extras”, los que se distribuirán de forma diferenciada según los países donde las empresas desarrollen una actividad; con ello, la OCDE proyecta que se podrían obtener más 150 mil millones de dólares adicionales en ingresos fiscales cada año.
El G7 había elaborado los primeros esbozos de este nuevo sistema fiscal y la OCDE lo ha concluido. Ahora 130 países de los 139 que negociaron dentro de la organización han validado las nuevas reglas que se apoyan en dos pilares: hacer pagar los superbeneficios de las grandes multinacionales y distribuir los derechos a gravar entre los países en los que operan sin que necesariamente estén presentes allí.
Es decir, cualquier empresa con una facturación superior a los 20 mil millones de dólares y cuya rentabilidad supere el 10% de esa facturación, deberá pagar este nuevo impuesto. Entre el 20 y el 30% del beneficio residual, definido como el beneficio por encima de un umbral del 10%, se destinará a los denominados “países de mercado”, a partir de una clave de distribución en función de la facturación, según el acuerdo.
Pero este es solo el primer paso, pues dentro de siete años el umbral debería reducirse a 10 mil millones. En el plazo inmediato, un centenar de multinacionales se encuentran en el campo de aplicación de esta nueva norma y lo derechos fiscales sobre más de 100 mil millones de dólares en ganancias deberían reasignarse cada año, según la OCDE. Sin embargo, como era de esperarse, se excluyen las empresas de la minería y el petróleo, así como los servicios financieros; una decisión que festejó el Reino Unido, que ha querido preservar sus intereses.
El segundo pilar de la reforma que han acordado estos 130 países, tiene como objetivo establecer un impuesto mínimo efectivo de al menos el 15% para las empresas multinacionales. El acuerdo prevé un plan de implementación que debe ser público, lo cual considerará que el segundo pilar se traspone a la ley en 2022 para su efectiva entrada en vigencia en 2023, según el acuerdo; impuesto que deberá generar alrededor de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales cada año, de acuerdo a la OCDE.
El próximo paso será la reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 (G20), que se efectuará del 9 al 10 de julio en Venecia, donde se deberá avalar el acuerdo antes de una nueva reunión de los 139 países en el marco de la OCDE, el próximo otoño, donde además se especificarán algunos detalles, como las claves de asignación y el nivel del impuesto mínimo, así como convencer a los países que se oponen a esta tasación, como Argentina, China, India, Rusia, Turquía, Irlanda, Hungría, Estonia, Kenia, Nigeria, Perú, San Vicente, las Granadinas o Barbados.
Países como Barbados-San Vicente y las Granadinas, tienen impuestos muy bajos y corren el riesgo de verse aislados, ya que no solo se han adherido todas las principales economías, sino también muchos paraísos fiscales de renombre, como las Bermudas, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.
Pero lo relevante de este acurdo es que se aplicarán nuevas normas fiscales a multinacionales y grandes empresas digitales, que deberán pagar el impuesto sin estar necesariamente presentes físicamente, teniendo en la mira las actividades de las ventas por Internet.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
