Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, reiteró que no existe pacto de impunidad con el exgobernador Omar Fayad Meneses ante las investigaciones por la denominada Estafa Siniestra, así como los posibles daños al erario público durante su administración.
Diputados de la LXVI Legislatura insistieron al funcionario estatal sobre las responsabilidades administrativas en las que posiblemente incurrió el hoy embajador de México en Noruega, ya que existen querellas formalizadas contra otros exservidores públicos involucrados, pero hasta ahora nada contra el exmandatario priista.
Bardales Ramírez recalcó que todo tipo de denuncias requieren fundamento y evidencias para concretar un procedimiento penal o administrativo.
“¿Porque hay exfuncionarios denunciados en el maxiproceso y el exgobernador no? En Hidalgo no se hace justicia por cuestión política ni por delitos en redes, se hace con pruebas. Para denunciar a un exgobernador no basta con suposiciones, se necesita evidencia directa, irrefutable, que pueda sostenerse en tribunales y que no se caiga en amparos; es la única forma que quienes dañaron al estado realmente paguen”, subrayó.
Enfatizó que, de las personas indagadas por las dependencias encargadas de las investigaciones —como la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción—, ninguna vincula a Fayad Meneses.
“Nadie de los involucrados ha presentado una sola prueba o ha denunciado a superiores; estamos a la espera de que ellos lo denuncien. No tenemos firmas, ni órdenes, ni transferencias, ni criterios de oportunidad, y sin este vínculo directo que un servidor denuncie a superiores no podemos presentar acusaciones porque se nos va a caer en tribunales. La responsabilidad penal no se presume, se demuestra, hay que presentar pruebas”, abundó.
El secretario explicó que la Ley Orgánica de la Administración Pública determina las atribuciones, facultades y responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo; por ello los señalamientos directos hacia otros exfuncionarios como el excontralor, César Román M.V., o el extitular de la Oficialía Mayor, Martiniano V.O., quienes en su momento firmaron contratos o documentos, además de efectuar transferencias de recursos.
“Aquí no fabricamos culpables ni protegemos a nadie por conveniencia. Aquí seguimos el rastro del papel: quién autorizó, quién firmó, quién transfirió, quién ejecutó. La labor es técnica, no mediática; el objetivo es encontrar al culpable y recuperar el dinero. ¿Eso significa impunidad? No. Significa parte de un proceso de investigación. Nadie está blindado, no tenemos ningún pacto; si tenemos pruebas, vamos a presentar las denuncias, no hay impunidad”, recalcó.
Finalmente, sobre el daño patrimonial por la inversión de recursos públicos en Banco Accendo durante el mandato del embajador nórdico, insistió en que desde noviembre del 2022 formalizaron las denuncias y el caso persiste vía concurso mercantil.
