Ricardo Crespo Arroyo, regidor con licencia e inhabilitado por la Contraloría de Pachuca al no declarar su situación patrimonial, solicitó un amparo ante órdenes de aprehensión, comparecencia o citación que pudieran ser giradas en su contra, aunque no se refieren los posibles cargos que originarían dichas acciones.
En su escrito de demanda, bajo el expediente 639/2021, quien también buscara una diputación local en los pasados comicios señaló como responsables a los jueces de control adscritos al juzgado acusatorio y oral del distrito judicial de Pachuca “y otras”.
Luego de admitida, con una garantía monetaria de 10 mil pesos, fue solicitado el informe justificado a las autoridades responsables en un plazo de 15 días, y de no hacerlo serán apercibidas con una multa consistente en 100 días de salario mínimo.
Asimismo, la síntesis del caso refirió que previo a la audiencia constitucional fijada para las 10:30 horas del primero de julio, el 8 del presente iba a tener lugar la incidental, pero esta fue diferida para el día 29 a las 9:25 horas luego de no contar con los informes pedidos.
De lo anterior, el texto destaca que Crespo Arroyo está obligado a comparecer ante el juez de la causa o el Ministerio Público (MP) hasta que haya la certeza respecto a la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió y de no hacerlo la suspensión dejará de tener efecto.
