El Congreso local sí acata la sentencia que le emitiera el 3 de junio de 2021 el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para que realice ajustes o reformas para contemplar en la ley acciones afirmativas para garantizar la participación de personas con discapacidad en actividades de campaña y por ende no hay violación.
Así lo expresó la magistrada presidenta del ente Rosa Amparo Martínez Lechuga luego de que la promovente inicial del caso Estefanía Rodríguez Cruz formulara un incidente de incumplimiento, pero fuera determinado no tomarlo en cuenta al observar que aunque hubo demoras, sí se avanza.
Y es que la Cámara estatal recordó que en junio si bien sí hizo trámites y gestiones para contar con el presupuesto extraordinario necesario que le permitiera desarrollar una consulta popular no recibió respuesta positiva, por lo que volvió a repetir el proceso y finalmente sí le fue aprobada una etiqueta.
Sin embargo, como también fue vinculado al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) de que si en caso de que el Legislativo no cumpliera oportunamente el mismo debía encargarse de la tarea de diseñar los lineamientos respectivos, le fue preguntado su avance y respondió diciendo que le pidió al Congreso un avance.
En el documento le refirió que si bien el proceso comicial de 2022 ya inició, la tarea que se le encomendó va en tiempo y forma para una aplicación según lo mandatado en los llamados a urnas del 5 de junio que renovarán la gubernatura, por lo que Martínez Lechuga propuso que la sentencia principal está en vía de cumplirse.
Ante ello, consideró que aunque el incumplimiento en un momento dado se debió a la falta presupuestal y de ella, dijo, no puede darse como una excusa, sí es una causal para entender el atraso; aunque en el caso también propuso ordenar a la Cámara e IEEH, previo apercibimiento, que informe al día siguiente de haber concretado su obligación.
El caso
En la pasada contienda local de diputaciones, la candidata suplente por el distrito 013 de Pachuca, Estefanía Rodríguez Cruz, pidió al IEEH la amortización del gasto que representaba la contratación de dos personas intérpretes de lengua de señas debido a su calidad de persona con discapacidad.
No obstante, le fue dada una respuesta negativa y por ello acudió al TEEH a formular un juicio ciudadano, en el que le fueron declarados por un parte infundados y por otra fundados los agravios que esgrimió, y aunque le ratificaron su respuesta negativa se ordenó cabildear en la materia.
Pero debido a que las elecciones en las que transcurrió la queja ya estaban avanzadas, fue decretado que lo anterior debía ser aplicable a partir del proceso comicial ordinario posterior al que en ese entonces se encontraba en curso, es decir, el de gubernatura que inició en diciembre y que aún no entra en campañas.
