La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cuatro ejemplares de loros pertenecientes a especies protegidas, localizados en un estacionamiento del municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, debido a que no se acreditó su procedencia legal.
La intervención se realizó en atención a una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de animales silvestres en condiciones de hacinamiento, dentro de jaulas y con presunta alimentación deficiente, por lo que personal de la dependencia federal acudió al sitio para realizar una inspección.
Encuentran cuatro loros en condiciones de hacinamiento
Durante la visita, los inspectores localizaron dos jaulas metálicas circulares. En una se encontraban un loro cabeza amarilla (Amazona oratrix), un loro cachetes amarillos (Amazona autumnalis) y un loro nuca amarilla (Amazona auropalliata), mientras que en la segunda había otro ejemplar de loro cabeza amarilla. Las cuatro aves presentaban somnolencia, poca actividad física y carecían de sistemas de marcaje.
La Profepa solicitó a la persona inspeccionada la documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares. Al no presentarse dichos documentos, las aves fueron aseguradas de manera precautoria y trasladadas a una instalación autorizada para su atención y resguardo.
Dos especies están en peligro de extinción
Las tres especies encontradas están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. El loro nuca amarilla y el loro cabeza amarilla se encuentran clasificados en peligro de extinción, mientras que el loro cachetes amarillos está catalogado como especie amenazada. Además, los cuatro ejemplares están incluidos en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La dependencia señaló que su posesión sin acreditar la procedencia legal puede constituir un delito conforme al artículo 420 del Código Penal Federal.
Por estos hechos, la Profepa inició un procedimiento administrativo y prepara la denuncia penal correspondiente para que las autoridades competentes determinen las posibles responsabilidades.
