Diputados de Nueva Alianza presentaron ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para aumentar las penas por falsedad de declaraciones dolosas contra docentes y personal administrativo del sector educativo, además de establecer indemnizaciones por daño moral de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta busca adicionar dos párrafos al artículo 313 del Código Penal estatal, que actualmente sanciona la falsedad ante autoridad, para establecer una agravante cuando las declaraciones falsas tengan como propósito perjudicar el desempeño o ejercicio de las funciones del personal educativo.
El proyecto establece que, cuando una persona declare hechos falsos de manera dolosa, con conocimiento de su falsedad y con la intención de perjudicar a docentes, técnicos docentes, directivos, supervisores, asesores técnico-pedagógicos o personal de apoyo y asistencia a la educación, la pena aumentará un tercio en sus límites mínimo y máximo.
La disposición aplicaría tanto para trabajadores de instituciones educativas públicas como privadas, siempre que las declaraciones estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se propone que la reparación de daños y perjuicios incluya una indemnización de hasta 500 UMA por concepto de daño moral, además de la publicación de la sentencia correspondiente.
Actualmente se contemplan hasta dos años de prisión
El artículo 313 del Código Penal de Hidalgo establece actualmente penas de tres meses a dos años de prisión y multas de cinco a 50 días para quienes, teniendo la obligación legal de conducirse con verdad ante una autoridad o fedatario público, declaren falsamente u oculten información.
La legislación también contempla sanciones para quienes presenten testigos falsos o induzcan a testigos, peritos, intérpretes o traductores a faltar a la verdad, con penas que pueden alcanzar tres años de prisión, dependiendo de las circunstancias.
Con la reforma, las declaraciones falsas dirigidas dolosamente contra personal educativo tendrían una sanción mayor a la prevista actualmente para el supuesto correspondiente.
Distinguen denuncias de buena fe de acusaciones dolosas
En la exposición de motivos, los promoventes argumentan que las acusaciones falsas pueden ocasionar investigaciones administrativas, laborales, civiles o penales injustificadas, además de afectar la reputación profesional, el patrimonio y la estabilidad emocional de los trabajadores de la educación.
Señalan que estos procedimientos también generan desgaste institucional, al obligar a las escuelas y autoridades a destinar recursos humanos y administrativos a investigar hechos que, según el supuesto planteado en la iniciativa, fueron denunciados con conocimiento de su falsedad.
Sin embargo, el documento reconoce que cualquier persona tiene derecho a presentar denuncias o inconformidades de buena fe, incluso cuando estas no prosperen, por lo que distingue ese ejercicio legítimo de las acusaciones formuladas deliberadamente con información falsa.
Como antecedente, la propuesta cita el caso de la llamada Ley Tere, surgida en Querétaro a partir de una denuncia contra una maestra por presuntos malos tratos a estudiantes, que derivó en su detención y que, de acuerdo con la exposición de motivos, evidenció la necesidad de reforzar la protección jurídica del magisterio.
La iniciativa fue presentada por los legisladores José María Alejandro Pérez Ramírez, Jorge Argüelles Salazar y Marlen Yareni Trejo Pérez, integrantes de Nueva Alianza.
La propuesta deberá continuar su trámite legislativo antes de que las modificaciones al Código Penal puedan entrar en vigor.
