Tras la marcha realizada esta tarde en exigencia de justicia por el feminicidio de la médica Beatriz HR, algunos de los participantes de la actividad causaron más destrozos en el ayuntamiento de Progreso.
Previamente, mujeres presentes habían realizado pintas al inmueble y quebrado vidrios, pero ingresaron al mismo tras forzar la puerta, donde vandalizaron algunos elementos; no obstante, instantes después sacaron mobiliario como sillas y papelería para prenderle fuego sobre la vía pública.
“Armando asesino”, “Gobierno asesino” o “La policía no me cuida” son algunas de las consignas que pueden leerse en la fachada del edificio y que hicieron las inconformes, quienes a la par exigían la renuncia del edil Armando Mera Olguín, electo bajo la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo en los comicios de 2020.
De acuerdo con transmisiones en redes sociales, los desmanes cesaron alrededor de las 20 horas, aunque en la periferia aún era posible ver a personas paradas; asimismo, destaca que no era visible la presencia de autoridades.
Hasta el cierre de esta nota, la administración municipal no había emitido ningún posicionamiento por lo sucedido en su sede, mientras que en su línea telefónica oficial no era posible establecer contacto.
De lo anterior, previo a las acciones descritas arriba, había publicado que el aseguramiento de siete oficiales presuntamente relacionados con el feminicidio y adscritos a su comandancia era ilegal y “habían sido privados de su libertad”.
Además, acusó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) desarmó a los efectivos, aunque pese a ello dijo que la seguridad estaba garantizada con acuerdos con la Guardia Nacional (GN).
A la par, reprochó rotundamente “las acciones tomadas por las autoridades estatales, en las cuales es evidente una persecución política”, citó su desplegado posteado en la tarde de este día.
En marzo del presente, Progreso decidió tras votación en cabildo salir del Mando Coordinado en Seguridad Pública, informó en ese entonces Armando Mera Olguín, aunque no explicó ni justificó tal decisión.
Con lo anterior, la dirección de Seguridad Pública municipal devolvió al estado tres patrullas que operaba, con lo que las acciones de vigilancia solo son resueltas con las unidades que cuenta.
