A pesar del revés que dio el juez de control en su caso, Leslie M. afirmó que confía en el actuar de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y que se le hará justicia, a casi ocho años de haber sido víctima de agresiones con ácido.
“Sé los alcances de esta mujer y temo por mi vida”, relató la víctima, quien reconoció que, cuando se denuncia, las personas se vuelven blanco de los agresores o agresoras, pero “el delito no debe quedar impune. Este tipo de individuos no tienen que estar en una sociedad a la que no están adaptadas”, externó en entrevista con Effetá.
La mujer, que tras varias horas en los juzgados de control escuchó la minimización de la agresión que vivió, al grado que la defensa argumentó lesiones leves, relató parte de su experiencia no sólo en aquel día de agosto, también de la inacción, omisión y decisiones arbitrarias de autoridades y servidores públicos en su caso.
Con ojeras por la larga jornada en los juzgados penales y vestida con una chamarra negra que cubre algunas cicatrices, Leslie M. expresa que en ese año “estaba en el trabajo como cualquier otra persona que se dedica a su labor, pero uno nunca se imagina cómo otras personas piensan, o sus intenciones”.
Cuenta que dos días antes del ataque del 26 de agosto de 2015, el día 24, al salir del trabajo un masculino se le acercó e intentó abordarla con insistencia, pero lo consideró como un intento de asalto que, si bien la asustó, no la alertó sobre lo que ocurriría después.
“Llevaba prisa ese día. Salí de mi trabajo, pero sí me percaté que esta mujer llamó rápidamente por teléfono a alguien. Al abordar mi auto veo por el espejo retrovisor a un hombre que corre hacia mí, pero como tenía seguro el vehículo, al intentar abrir la puerta, él no logró acceder”. Narra que este mismo masculino es quien la atacó dos días después con ácido.
Este hombre, de quien la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ya cuenta con una orden de aprehensión, sabía cuál era su auto y qué ropa portaba al salir del trabajo, pues en la actividad diaria usaba uniforme de manera cotidiana.
“Desde el primer momento pedí que investigaran el teléfono de ella, las cámaras de vigilancia”, relata, mientras que por momentos se le quiebra la voz y gana el sentimiento por lo vivido.
Katia era su compañera de trabajo, la conocía desde la universidad, pero nunca imaginó que esta persona pensara en hacerle tanto daño y en manera perversa.
Leslie recuerda que ese miércoles, el día del ataque, miró que su compañera revisó su agenda y realizó acciones no usuales como esperar hasta las 22:00 horas para acompañar a otras personas: “Cuando me despedí, de inmediato tomó su teléfono para comunicarse con alguien”.
Minutos después, cuando caminaba al auto, el mismo hombre se le acerca y comenzó a aventarle la sustancia química. “por instinto cerré los ojos y traté de protegerme con las manos, por eso quedaron quemadas. Él me echaba el ácido en el cuello, pero llegó al brazo, el pecho, a la espalda. Comencé a sentir el dolor, que me estaba quemando”.
Ella corrió para pedir auxilio y casi de inmediato le comenzaron a verter agua, pero tenía que ser más, así que una persona más le llevó a una clínica cercana, ya con un dolor intenso al sentir que su piel estaba siendo carcomida por el ácido.
Tras su agresión, que la mantuvo durante un año totalmente enfocada en su rehabilitación, en el tratamiento médico, las primeras cirugías, tampoco podría trabajar, y relata que tuvo que aprender a vivir con miedo, con el terror de salir a la calle y que fuera nuevamente sorprendida porque esas personas sólo buscan dañar.
Asegura que no dejó de preguntar por su carpeta de investigación, pero fueron ocho años en que la justicia fue timorata, el Ministerio Público no hizo su trabajo. “Hubo prisa de la primera MP en archivar el expediente sin investigar nada, ¿cuál era su prisa por archivar mi caso y sin notificarme?; 2016, antes del año, solicitó el no ejercicio de la acción penal. No me notificaron, pero a quien sí le dieron copias de todo fue a Katia”.
“Confié en un sistema de justicia que en ese momento me traicionó”, reclama Leslie.
En 2019 se volvieron a encontrar, pero Katia, “quien seguía obsesionada con dañarla”, le lanzó amenazas de muerte, pero a pesar de que la denunció y fue vinculada a proceso, posteriormente se amparó y más adelante interpuso un recurso de revisión, con el que los magistrados del Tribunal decretaron la no vinculación.
En 2020 se le decretó la no acción y, en consecuencia, el juez le suspendió las medidas cautelares de victimaria y también quedó desprotegida la víctima por la eliminación de la protección de las autoridades.
Ocho años después, la Procuraduría de Justicia nuevamente se interesó en este caso, bajo la dirección de Santiago Nieto, pero aún con la presentación ante el juez de control Katia no fue vinculada a proceso, pues una prueba testimonial no se integró con la formalidad necesaria, por lo que, si bien no se cerró el caso, se tendrá que atender la recomendación.
En los juzgados de control, la familia de la victimaria se mantuvo pendiente de la resolución y celebró la salida.
Las agresiones con ácido y otras sustancias corrosivas son un delito de que desde 2015 a la fecha suman 14 casos, y en un 80 por ciento las víctimas fueron mujeres (y un 20 por ciento varones) a manos de personas cercanas.
