El municipio, al no contar con la capacidad jurídica de generar leyes, tiene un reto de organización y orden en la concreción de la tarea pública, la cual depende tanto del anclaje presupuestal como de la gestión de la estructura administrativa del cabildo.
Tulancingo destaca por ser uno de los municipios cuya cuenta pública ha trascendido en un arqueo dinámico entre ingresos y egresos, inclusive en su reducción de deuda, que oscila en los 13 millones de pesos para 2023; condiciones que se unen a un despliegue de políticas públicas que han incidido en su equilibrio gubernamental.
Frente a las gotas amargas que vive Hidalgo en materia de peculado en diferentes dimensiones de la administración pública, tras detectar corrupción e impunidad en distintas alcaldías, la gestión del priista Jorge Márquez Alvarado se ha caracterizado por la solidaridad social y el compromiso ciudadano, por lo que es un oasis en el desierto de lo que habían sido los políticos emanados del antiguo régimen.
En este trazo de equilibrio metropolitano se despliegan niveles de gobernabilidad que han roto los problemas de los “gobiernos de partido”, aquellos que tratan exclusivamente de conservar la reproducción hegemónica de una clase partidista en el poder y marginan el bienestar ciudadano para proteger sus propios intereses. Esto no le pesa a Márquez Alvarado, que es percibido como un político con alma de pueblo, sin aspavientos, cabeza de una administración que se distingue por el trabajo y el compromiso social.
Los ciudadanos en Hidalgo han vivido sometidos por los “gobiernos de partido”, entes de la burocracia que sólo han causado marginación y asimetrías sociales que degradan la dignidad humana y permiten que la corrupción y el peculado sean los distintivos de un crimen de Estado contra la ciudadanía, lo que ha creado la percepción de que la clase política es el enemigo en casa.
En actos recientes de las rutas de la 4T, la proximidad ciudadana de compromiso solidario del gobernador Menchaca Salazar ha reconocido el utilitarismo de la clase política del antiguo régimen en estos “gobiernos de partido” que han marginado el valor y el poder ciudadano, lo que exige de este diálogo solidario del mandatario establecer directrices orgánicas de sujeción horizontal de las estructuras burocráticas municipalistas de Hidalgo con la ciudadanía, es decir, abrir el cabildo al pueblo para desterrar la cruenta realidad del pasado de opacidad que primaba en los ayuntamientos, impidiendo la transformación social con criterios de letra muerta.
Contra el negativismo político del cabildo amañado de los “gobiernos de partido” se impone el municipalismo del pueblo. El vacío social que ha dejado como crimen de Estado la Estafa Siniestra en Hidalgo debe ser la cruzada de justicia en la lección histórica de las nuevas rutas de la 4T en la gestión de Menchaca Salazar, porque no se trata de construir caminos o carreteras, sino los vasos comunicantes de un gobierno solidario, que en su ruta de trabajo les otorga visibilidad a los rostros más humildes de su pueblo.
El alcalde de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, no es un servidor público de “gobierno de partido”; su compromiso social evidencia que un funcionario público proviene del pueblo y se debe al pueblo, tal y como lo prescriben las nuevas rutas de la transformación en un estado como Hidalgo, donde el flagelo de la corrupción e impunidad ha sido y es afrenta social para su gente.
